Agentes judiciales procedieron este lunes a desalojar definitivamente a Érika Szabo, de 52 años, y a su madre, Jozsefne, quienes ocupaban un piso desde 2021 y los propietarios las denunciaron por impago de alquiler. Tras varios intentos de desahucio que fueron paralizados, finalmente el lanzamiento se ejecutó al mediodía. Esta familia salió, sin dar problemas, del edificio con varias maletas repletas de objetos y bolsas: «Aquí llevamos lo más importante, pero hemos dejado cosas en el piso», apuntó Érika.
Los agentes judiciales avisaron a los servicios sociales a fin de notificar su situación de calle. Ni Érika ni su madre han conseguido una alternativa de vivienda desde que Ultima Hora publicara el pasado mes de abril su complicada situación y que buscaban un hogar con urgencia. Érika, además, padece cáncer.
Explicó que desde hacía pocos días el juzgado le había notificado este desalojo y la hora indicada. Sobre las 14.00 horas, y acompañadas de una trabajadora social de su centro de salud, intentaron buscar una solución para pernoctar, ya que este lunes por la tarde los servicios sociales no pudieron encontrar ninguna habitación disponible. Es hoy cuando esta familia podrá ser reubicada en un centro de acogida. «He intentado pagar a la propiedad del piso lo que podía», se justifica Érika, que espera poder rehacer su vida alejada del barrio.
La plataforma Stop Desahucios ha asesorado a la familia para evitar el desalojo si ambas demostraban a los agentes una «situación de indefensión». Así, hubiesen conseguido pactar dos días más y los servicios sociales hubiesen tenido más margen para ayudarla en cuanto saliera. Por la tarde todavía no sabían dónde dormirían. Dijeron que tampoco tenían dinero para pagar un hostal.
Desde la plataforma, Joan Segura, uno de los portavoces y quien se ha movilizado para conseguirles refugio por un día, lamentó que este tipo de «desahucios exprés» esté vigente y aseguró que se sigue permitiendo en la nueva ley de la vivienda. «El desahucio exprés deja a las personas desalojadas indefensas, es una aplicación dura y los juzgados no tienen en cuenta situaciones como las de Érika».