El Ajuntament de Palma atribuye a un conflicto judicial sin resolver la demora de veinte años en construir vivienda protegida en una finca de sa Calatrava que ahora, una sentencia obliga a devolver a su propietario original después de una expropiación en el año 2002.
Según explica la concejal de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, la finca ya era mayoritariamente propiedad pública cuando se inició el procedimiento de expropiación, en concreto un 77,17 por ciento. Una de las viviendas, que tenía un porcentaje de un 22,83% sobre la finca, era la que permanecía en manos privadas cuando se llevó a cabo la expropiación. Una vez se cumplieron los cinco años después de es procedimiento administrativo, en 2009, el propietario comenzó a reclamar la devolución. De acuerdo con la versión municipal, eso provocó que los servicios jurídicos dictaminaran que había que esperar a que se resolviera el procedimiento judicial. La normativa de expropiaciones fija en cinco años el plazo máximo que tienen las administraciones para ejecutar el proyecto de interés público que justifica la expropiación.
Esa resolución judicial se ha demorado hasta ahora y es adversa al consistorio que, o bien debe devolver su propiedad al dueño original o bien deberá compensarle. La regidora de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, explica: «A pesar de que hicimos todo lo que estaba en nuestras manos esa legislatura para conseguir que fuera municipal y poder construir vivienda pública, debíamos esperar a la decisión judicial», asegura.
La finca en cuestión, situada en la calle Bastió d'en Berard, tiene 155 metros cuadrados. Un plan urbanístico de la época de Joan Fageda preveía construir en él cinco viviendas de protección oficial. Por la expropiación, el consistorio abonó apenas diez millones de pesetas. En el año 2022 se realizó una declaración de ruina del edificio y el Ajuntament acometió su demolición.