Tras el incidente ocurrido en noviembre de 2021 en el aeropuerto de Palma cuando una veintena de migrantes obligaron a aterrizar de emergencia a un avión a causa de una supuesta emergencia sanitaria para intentar entrar en España, los vuelos con aterrizajes forzosos serán considerados de alto riesgo.
Así figura en una respuesta parlamentaria del Gobierno a una pregunta de Vox sobre las medidas previstas para evitar la entrada irregular de inmigrantes por vía aérea después del suceso de Palma y de otro similar ocurrido el pasado diciembre en el aeropuerto de Barcelona. Explica el Ejecutivo que «como consecuencia del incidente» de Palma, el Comité Nacional de Seguridad para la Aviación Civil (CNS) evaluó el empleo de aeronaves con fines de inmigración ilegal y «categorizó el uso de vuelos con aterrizajes no programados como vuelos de alto riesgo».
Aprobó además en diciembre de 2021 un protocolo general para reforzar la seguridad en aterrizajes forzosos en aeropuertos nacionales, cuyos detalles sobre su aplicación y despliegue «deben ser establecidos con carácter local por cada aeropuerto». Según recuerda el Gobierno, dicho Comité es el órgano responsable de modificar el Programa Nacional de Seguridad (PNS) y proponer protocolos nacionales, mientras que su aplicación es de ámbito local y compete al gestor aeroportuario (AENA) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad destinadas en cada aeropuerto.
La tarde del 5 de noviembre de 2021 el aeropuerto de Palma vivió un suceso inédito: 24 ciudadanos marroquíes y uno palestino entraron ilegalmente en territorio español tras bajar por la fuerza del avión que cubría la línea Casablanca-Estambul y que aterrizó de urgencia por la supuesta indisposición de un pasajero debido a un coma diabético. Este incidente puso en peligro la seguridad aérea, causó el desvío y retraso de unos 60 vuelos y obligó a cerrar el aeropuerto durante casi cuatro horas.
Sobre el suceso ocurrido en El Prat, en el que una treintena de migrantes intentó huir tras el aterrizaje forzoso causado por una embarazada que simuló estar de parto, el Ejecutivo informa de que se ha activado un grupo de trabajo para evaluar cómo se aplica el programa de seguridad e identificar «las lecciones aprendidas» para adoptar medidas «a corto y a medio plazo» en el refuerzo de esos protocolos aeroportuarios y policiales definidos a nivel local.
«Si del resultado de estas lecciones aprendidas se extraen directrices que sea oportuno incorporar al protocolo nacional para asegurar su implementación en toda la red, desde el CNS, se acordaría su incorporación», agrega la respuesta sobre el incidente ocurrido el pasado 7 de diciembre. Asimismo, la contestación del Ejecutivo revela que dicho grupo de trabajo ha identificado «detalles de los protocolos locales que deben evaluarse y reforzarse», si bien no añade ningún dato al respecto.
También expone que tras lo ocurrido en el aeropuerto de Palma el 5 de noviembre de 2021, el Ministerio del Interior adoptó «diversas medidas para evitar la repetición» de este tipo de situaciones. Insiste en que se aprobó un protocolo general para reforzar la seguridad en aterrizajes forzosos que se incorporó a finales de 2021 al Programa Nacional de Seguridad, por lo que cuando ocurrieron los hechos en El Prat, esa versión era la que estaba en vigor. No obstante, «al ser el PNS un documento vivo, queda abierto a futuras adaptaciones» una vez las apruebe el Comité Nacional de Seguridad para la Aviación Civil.