Libertad y expulsión. La derogación del delito de sedición ha precipitado la salida de prisión de los 22 marroquíes que se fugaron del avión patera que aterrizó en Son Sant Joan en noviembre de 2021. Después de cumplir un año en prisión preventiva, la Audiencia acordó ayer su puesta en libertad a petición de la Fiscalía. Sin embargo, los migrantes fueron detenidos inmediatamente a las puertas de prisión y conducidos al juzgado de guardia de Palma. Allí se solicitó su internamiento en un CIE de la Península para ejecutar la orden de expulsión que se acordó respecto a ellos y que estaba paralizada por el procedimiento penal en su contra.
Ahora tendrá que ser la Audiencia Provincial quien autorice la expulsión, algo posible después de la drástica reducción en su responsabilidad penal que implica la derogación de la sedición. Era el ilícito principal por el que les acusaba la Fiscalía, que solicitaba por él una condena de cinco años de cárcel. La calificación del Ministerio Público mantenía una calificación alternativa por un delito de coacciones y reclamaba tres años de cárcel.
En el caso de que se aceptara su expulsión de territorio nacional, el procedimiento penal quedaría en suspenso y se reactivaría si incumplen la prohibición de entrada en territorio español que lleva aparejada. Entonces sí que se sentarían en el banquillo. Todo esto, si la Audiencia autoriza la expulsión, un trámite que no tiene por qué impedir el internamiento y que inicien los trámites para la expulsión. Los únicos que, por el momento permanecerían en España serían los acusados de un delito contra los ciudadanos extranjeros. Esto incluye a Jassine Jahouari, el acusado de fingir la crisis diabética que forzó el aterrizaje del avión en Palma. Este delito impide que se ejecute la expulsión hasta que haya juzgado y cumplido la posible condena, según explican fuentes de Fiscalía.
En una situación similar están otros dos de los acusados, a los que se reclamaba una condena de ocho meses de prisión por haber ayudado a dos de los fugados del avión cuando se habían escondido en Inca. El auto de la Audiencia Provincial, en cualquier caso, impone a los 22 procesados una prohibición de salida de Mallorca y de comparecer semanalmente en los juzgados que sería efectiva en el caso de que no se opte por parte del tribunal por aceptar la expulsión instantánea.
La acusación pública sostiene que el grupo acordó la fuga del avión a través de un grupo de Facebook. En él se comentó una acción conjunta idéntica a la ocurrida: desviar un vuelo con destino a Turquía con una alarma de salud de un pasajero. A partir de ahí, con el avión en tierra durante horas, los acusados habrían comenzado a hacer presión sobre la tripulación hasta que salieron corriendo a través de las pistas del aeropuerto de Palma y obligaron a cerrar el espacio aéreo.