Quien tiene boca se equivoca, y todos los políticos la tienen. Una de las equivocaciones más llamativas en la esfera política de los últimos tiempos han sido los trenes adquiridos para el servicio de cercanías de Cantabria y Asturias, que tanto ha «cabreado» al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, y que ha obligado al Gobierno de España a poner encima de la mesa explicaciones, compromisos de investigación e incluso depuración de responsabilidades.
El reciente caso de los inadecuados trenes, que no caben en los túneles de la red ferroviaria del norte de España, remite a otra pifia bastante llamativa, en este caso en nuestras Islas. Hace ahora algo más de una década existía una fuerte controversia por la compra del Govern del Pacte de trece locomotoras pensadas para discurrir por líneas electrificadas por valor de unos cien millones; precisamente a ese tipo de líneas aun le quedaba por aquel entonces un cierto recorrido de implantación en Mallorca.
A resultas de esta situación, la mitad del cargamento de trenes debió ser guardado en un almacén, generando un buen número de críticas políticas, comparecencias ante la prensa y dolores de cabeza a los responsables de turno en la Administración balear.
El caso se judicializó y por este motivo fueron imputados el Conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens, y el portavoz de MÉS en Cort Antoni Verger. Ambos finalmente resultaron desimputados por esta cuestión en el año 2015, y el edil palmesano denunció haber sido objeto de una denuncia falsa por parte del entonces gerente de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), José Ramón Orta, bajo el amparo de la gestión ‘popular' en el Consolat de Mar.
Particularmente simbólico fue en algunos ambientesel ascensor 'hacia la nada' del polémico velódromo Palma Arena. El caso saltó a la prensa regional en septiembre de 2008, tras conocerse que pulsando el botón del último piso se accedía a un descampado lleno de matojos y restos de obra. Allí debería encontrarse una pista de atletismo ‘non nata' por motivo de los sobrecostes de la construcción de una infraestructura deportiva que multiplicó su presupuesto previsto. El gran ascensor inútil, como testigo de lo que supuso la edificación del Palma Arena: de 48 millones previstos a más de 110.
Algo más lejana en el tiempo queda la conocida como «Operación Barco» recordada por Ultima Hora hace unos años, con motivo de su 25 aniversario. El arranque del dispositivo para transportar agua a Mallorca en grandes buques procedentes de la Península debió quedar postergado por un problema con las bodegas de los mismos. Al parecer, la pintura en el receptáculo que debía albergar el agua inutilizó por completo el cargamento del primer trasvase, en abril de 1995, y retrasó toda la operación unos cuantos meses, hasta junio del mismo año.
Durante dos años y medio el enorme «Cabo Prior» formó parte del paisaje del Dic de l'Oest del puerto de Palma, trasvasando a tierra el agua transportada por el Móstoles; ni más ni menos que 16,7 millones de metros cúbicos de agua en un total de 275 viajes. La operación en su conjunto tuvo un coste mínimo de 4.500 millones de las antiguas pesetas, al cambio unos 27 millones de euros a cargo de los bolsillos de los contribuyentes de Palma y Calvià. El Govern atenuó este desembolso con una subvención de 4,3 millones. El montante total de la operación no se liquidó hasta 2006, veinte años después de su arranque.