El Gobierno de Pedro Sánchez prepara la privatización de la torre de control del aeropuerto de Palma. Esta liberalización de la gestión, además de a Son Sant Joan, afectaría también a las instalaciones de Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur, Tenerife Norte, Bilbao y Santiago. Según ha confirmado Ultima Hora, el plan del Ejecutivo es pasar a manos privadas la gestión de las torres de control de algunos de los principales aeropuertos de España, que hasta ahora venía gestionando el Estado a través de Enaire, un organismo dependiente del Ministerio de Transportes. De hecho, a excepción de Madrid-Bajaras y Barcelona-El Prat, el plan afecta a los más importantes de España.
Fuentes del propio Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) aseguraron que próximamente se iniciará un proceso de audiencia pública para la liberalización del servicio de control aéreo en las torres de determinados aeropuertos. El objetivo de dicho proceso es recabar alegaciones y comentarios al texto. Según el ha detallado el MITMA, la propuesta responde a la solicitud de Aena del pasado 31 de enero, en la que el gestor aeroportuario propone al Ministerio continuar con una nueva fase de apertura del servicio de tránsito aéreo de aeródromos a nuevos proveedores certificados en una serie de aeropuertos.
La experiencia hasta el momento del servicio prestado por proveedores privados ha sido significativamente positiva en términos de calidad y eficiencia económica, por lo que la valoración de Transportes ha sido favorable a la solicitud de Aena. De esta manera, lo que permitirá la futura orden ministerial es que Aena pueda optar entre diversos proveedores, siempre con los máximos niveles de seguridad pero con tarifas más reducidas, lo que contribuiria a una reducción de los costes operativos del transporte aéreo.
Desde el Ministerio subrayan que la seguridad está plenamente garantizada porque las nuevas empresas que presten este servicio estarán certificadas, según los requisitos establecidos en los Reglamentos europeos. Es decir, sólo podrán prestar el servicio de control de torre las empresas que estén certificadas por la Agencia de Seguridad Española u otro supervisor de la Unión Europea.
Con esta medida se pretende mejorar la competitividad del transporte aéreo en España, de manera que contribuya a un menor precio de los billetes aéreos y a una mayor puntualidad.