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Salut se abre a recuperar la normativa que exigía el catalán para médicos y enfermeras

Gómez ha admitido que en los últimos años la prioridad ha sido la pandemia y con el agravante de la falta de profesionales no se prestó la atención necesaria a este tema

Una imagen de archivo de la consellera de Salut, Patricia Gómez. | P. Pellicer

| Palma |

La consellera de Salut, Patricia Gómez, se abre a debatir una nueva norma con sus socios de Govern para recuperar la exigencia del catalán en categorías deficitarias pero ya será en convocatorias futuras. Este miércoles ha dejado claro que el plazo de presentación al proceso de estabilización de interinos para el ámbito sanitario se terminó el lunes los hicieron más de 9.000 personas y ya nada lo va a modificar. Gómez defendió que el plan para convertir a interinos en fijos se hizo «con una normativa común a todas las comunidades» y, en el ámbito sanitario, conforme a la Ley 4/2016 de medidas de capacitación lingüística para la recuperación del uso del catalán «que permite excepcionar las categorías deficitarias».

Sin embargo, tanto la Obra Cultural Balear como el sindicato STEI recuerdan que posteriormente se aprobó el decreto ley 6/2022 de nuevas medidas urgentes para reducir la temporalidad en la ocupación pública por el que se rigen todos los interinos y que, entienden, engloba también a los sanitarios. En base a esta norma todos los aspirantes tienen dos años para acreditar el título correspondiente de catalán. Por ese motivo ambas entidades han presentado un recurso de reposición ante el IB-Salut, el paso previo a acudir a los tribunales. Mientras el Govern quiere dar por cerrada esta vía y se reafirma en que no habrá cambios en las bases del plan de estabilización, Salut lima las tensiones por la lengua proponiendo métodos para el fomento del catalán entre los aspirantes.

«Evaluaremos el nivel de los que se han presentado y proponemos que se pueda hacer un acompañamiento de quienes no tengan el título para que en dos años se saquen el B2 que se les exige», ha dicho Gómez. La consellera tampoco se cerró a recuperar la esencia del decreto de 2018 cuyo acuerdo se gestó durante un año y que finalmente derogó el Tribunal Supremo por un defecto de forma. «El momento es diferente, en función del análisis pensaremos en las medidas», ha aclarado, «que puede ser desde su exigencia para hacer un concurso de traslados a la puntuación en carrera profesional o las comisiones de servicio».

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