Astilleros de Mallorca ha respondido a las acusaciones de PIMEM y ADNEA, que habían denunciado un «pelotazo empresarial» del que se han beneficiado a través de un «traje a medida» para la concesión de 120.000 metros cuadrados de los muelles comerciales del Port de Palma para su uso como varadero. La empresa mallorquina ha reivindicado la legalidad del proceso concursal y ha negado que actúe en representación de la empresa gallega Freire, a pesar de que ésta tenga la mayor parte de su accionariado. «Somos una empresa mallorquina independiente con 80 años de historia, que no forma parte de ningún grupo y que es gestionada en su totalidad desde Palma».
Asimimo, mantiene que desde PIMEM no pueden declararse sorprendidos ni hablar de oscurantismo en el proceso cuando Astilleros de Mallorca presentó sendos anuncios de competencia de proyectos en enero de 2020 y agosto de 2021 que fueron debidamente publicados en el BOE.
Por otro lado, reivindican que «durante 15 años han convivido sin ningún conflicto un varadero abierto y otro de gestión centralizada». Es más, defiende que el modelo de gestión centralizada «es el único mundialmente reconocido como generador de empleo de calidad» y contradice a PIMEM al apuntar que, en todo caso, este modelo ocupa más del 80 % de su actividad con pymes y autónomos.
«Nos parece extremadamente sospechoso que se quiera poner en duda un procedimiento concursal legal, como es el de competencia de proyectos, para resolver el cambio de ubicación de Astilleros de Mallorca -cambio producido por interés del puerto y del ayuntamiento en reordenar el Contramuelle Mollet- y no se hable de algo parecido para justificar el crecimiento, de forma legal también, del 100% del área destinada al llamado varadero abierto en los últimos 15 años, y sin procedimiento concursal de ningún tipo», han señalado.