La posible reforma del delito de malversación empieza a tomar cuerpo en la política nacional cuando todavía no se han esclarecido temas de calado, como los cambios en la sedición o la reforma todavía pendiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La discusión política toma fuerza justo cuando empezamos a conocer los puntos de un proyecto legislativo que enfrenta a Gobierno y oposición. Mientras PSOE y Unidas Podemos recalcan que no puede costar lo mismo en términos judiciales malversar con aprovechamiento económico propio, el PP, Vox y Cs claman al cielo por los posibles beneficios que estos cambios podrían comportar a personas ya condenadas por este tipo delictivo.
Fuentes de Esquerra admiten conversaciones con los socialistas para retocar el delito de malversación, siempre en términos que no obstaculicen la lucha contra la corrupción. El portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, pretende una negociación discreta, en el camino de modernizar el Código Penal, y acabar con un delito que, como en el caso de la sedición, los republicanos consideran anacrónicos. «Hay que intentar definir y acotar el Código Penal para modernizarlo y no dar lugar a interpretaciones capciosas, interesadas o ideológicas por parte de los jueces. Y eso pasa por definir mucho mejor los delitos» ha declarado Rufián a los periodistas.
Pero la reacción en contra de los posibles cambios en la malversación no llegan solo desde fuera del PSOE. Así, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, afirma desconocer la letra pequeña de la modificación con la que trabajan los partidos en el Congreso. El manchego ha llegado a afirmar que «cuando el por qué se hacen las cosas responde a intereses bastante difíciles de defender, lo que se haga, aunque tenga sentido jurídico, está ya muy trufado». De tal modo, García-Page recoge la idea lanzada desde las formaciones conservadoras españolas de que los cambios en la malversación se basan en un intento de contentar a los independentistas catalanes, socios estratégicos del Gobierno de coalición.
Hay quien destaca, por si fuera poco, que las variaciones de criterio en la eventual 'nueva' malversación resultante de las negociaciones pueden beneficiar a políticos de peso, como los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, expresidentes de Andalucía condenados en la macrocausa de los ERE. En su caso los tribunales atestiguaron la malversación en el transcurso de la instrucción, y así lo refrendaron en la sentencia. Una conclusión que no puede desvincularse de la realidad: no hubo enriquecimiento personal en el caso de los exdirigentes del PSOE andaluz.
Los presidentes salpicados por los ERE o los políticos catalanes que capitanearon el Procés no son los únicos que podrían ver variar su situación jurídica en caso de que la malversación cambie de paradigma legal en España. En Baleares también tenemos algunos ejemplos de políticos de primera fila condenados por malversar dinero público en el ejercicio de sus funciones. Un histórico del PP balear como José María Rodríguez fue condenado por el caso Over a tres años y medio de cárcel por un delito de prevaricación en concurso con malversación de caudales y falsedad.
De tal modo, el exlíder del PP palmesano podría beneficiarse de una pena menor, puesto que la jurisprudencia tanto española como comunitaria reconocen el derecho de cualquier persona condenada a ser informada sobre un cambio legal que resulte beneficioso para su situación. Ello, igualmente, abre la puerta a la revisión de cientos de sentencias en nuestro país, tal vez miles.
La negociación política actual pone el foco en la introducción de retoques en el delito de malversación de caudales públicos, uno de los delitos por los que condenaron a los presos independentistas catalanes y que el PP modificó con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en la reforma del Código Penal de 2015. Ya en su día toda la oposición rechazó el espíritu del cambio. Hasta ese momento, la malversación exigía que el dinero público desviado redundara en lucro propio o de terceros. Este pasado lunes, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, apuntó que el horizonte pasa por rebajar penas cuando se puede dar lugar a «situaciones injustas», en referencia a aquellas en las que no hay enriquecimiento personal ni una estructura de corrupción.