José María Rodríguez acude al Tribunal Constitucional para intentar evitar su ingreso en prisión para cumplir la condena de tres años y medio que le confirmó el Tribunal Supremo el pasado mes de julio. El exconseller de Interior y exdelegado del Gobierno está a la espera de que la Audiencia Provincial, el órgano judicial encargado de ejecutar la sentencia, ordene su ingreso en prisión, algo que ocurrirá en pocos días. Antes, ha planteado un amparo al Constitucional y ha solicitado que este tribunal suspenda el ingreso mientras tramita el recurso. El argumento de su defensa es que se vulneró su derecho a la presunción de inocencia al basarse la condena, en gran parte, en la declaración del dueño de la empresa Over Marketing, un ‘arrepentido' que consiguió una notable rebaja en su condena y que también ha colaborado con Anticorrupción en casos como la Púnica.
Insiste en su recurso que no puede basarse la condena en la declaración de un coimputado que obtiene un notable beneficio con su declaración.
Ahora tendrá que decidir el Constitucional, en primer lugar, si otorga la suspensión o no de la condena, algo posible dada la duración de esta, que hace que, si se tramita todo el recurso y se acepta, perdiera cualquier utilidad real.
En cualquier caso, la representación de Rodríguez maneja otras posibles alternativas para evitar el cumplimiento efectivo de la condena. Otra opción es recurrir a una petición de indulto ante el Consejo de Ministros en base a la edad que tiene el condenado, 75 años, y que los hechos en los que se basa la condena se produjeron hace casi 20 años ya que están relacionados con la campaña electoral del PP en Balears de 2003. Aunque el posible éxito de esa petición sea incierto, sí que el criterio de la Audiencia es suspender el ingreso en prisión mientras se tramita mientras la duración de la condena sea inferior a los cuatro años de cárcel.
El exlíder popular también podría pedir algún cumplimiento alternativo de la pena o un ingreso directo en tercer grado penitenciario, también en atención a su edad, la lejanía de los hechos. En cualquier caso, la Audiencia Provincial de Palma se ha mostrado históricamente muy reacia a suspender ingresos de prisión de los principales condenados en causas de corrupción. El antecedente más claro es el de la primera condena a Jaume Matas, quien tuvo que cumplir una condena de nueve meses de cárcel por tráfico de influencias, algo que se ha repetido con otros condenados en otras causas.