El ‘caso Peaje' acabó el pasado lunes en un pacto. Un mes de juicio resumido en un cuarto de hora de vista. Es la regla en los tribunales. De acuerdo con la Memoria de la Fiscalía General del Estado, en 2021, el 83,5 por ciento de los procedimientos penales que llegaron a juicio finalizaron con un pacto entre la defensa, el Ministerio Público y el resto de acusaciones. La cifra se mantiene desde hace años y es similar a la que se da en otros territorios. Incluye los juicios rápidos en los que se zanjan determinados delitos sin instrucción y siempre con acuerdo.
Por regla general, cuanto más leve es el delito, más fácil es el acuerdo. Así, en el caso de los asuntos que llegan a juzgados de lo Penal, las conformidades son un 71 por ciento. Estos órganos se ocupan de delitos penados por debajo de los seis años de cárcel y en ellos es factible que un acuerdo quede por debajo del límite de dos años que permite la suspensión de las condenas.
Esta disposición se incluye de forma rutinaria en los acuerdos. En 2021 estos órganos dictaron 2.955 sentencias en las Islas. De ellas, 2.116 fueron condenas por conformidad. Otros 451 recibieron un castigo penal tras el juicio y las absoluciones fueron 388, de ellas, 285 en contra del criterio del Ministerio Público.
En la Audiencia Provincial, encargada de los asuntos más graves, el porcentaje baja y son en torno a la mitad de los asuntos los que se cierran en un pacto: 114 casos el año pasado. Sin embargo, en la realidad el número es algo mayor. Con frecuencia, sobre todo en juicios con multitud de acusados, pacta una mayoría y el juicio sigue por uno o dos acusados. En total, en 2021 se produjeron 212 condenas y 30 absoluciones. El 47 por ciento de los juicios fueron conformidades.
«Norteamericanizado»
El abogado y profesor de la UIB, Jaime Campaner, explica que el sistema penal español se está «norteamericanizando» por la falta de medios personales para asumir todos los casos. «Es inasumible que un juzgado penal, que cada mañana señala diez o doce juicios los pueda celebrar. Son imprescindibles y beneficiosas muchas veces para las partes: se asegura una condena razonable y la Fiscalía, que no tendrá una absolución indeseada».
Sin embargo, advierte de los riesgos: «El problema es que se normaliza hasta el punto que puede estar mal visto que alguien quiera ejercer el derecho de defensa. El sistema está pensado inconscientemente para llegar a esta solución pero el perjudicado es el justiciable, hay gente que quiere defenderse y los operadores jurídicos no están por la labor. Hay cierta presión porque el sistema necesita esa válvula de escape. El resultado ortodoxo de un procedimiento debería ser la sentencia tras un juicio con todas garantías», sin embargo, ahora no es posible. Pone como ejemplo que, normalmente la Fiscalía califica por lo alto para dar margen a la negociación.