El 'caso Peaje' acaba en un acuerdo de última hora y se zanja con cuatro condenas menores por cohecho y fraude a la administración. Otros nueve acusados han sido absueltos, entre ellos el exconseller insular Antoni Pascual. Lo más importante del pacto es que implica un nuevo acuerdo para la explotación de la carretera de Manacor entre el Consell y la empresa concesionaria que supone un nuevo reparto financiario, más beneficioso para la administración del contrato.
El acuerdo se fraguó en las últimas semanas de manera discreta tras las reticencias del Consell, que reclamaba 41 millones de euros a la empresa concesionaria, Pamasa. Esta admite una menor inversión en la obra pero la compensación de esa cantidad llega por el nuevo contrato, no por un pago directo. De paso, el acuerdo implica la retirada de las demandas que mantenía abiertas Pamasa contra la institución por interpretaciones del contrato y que suponían también reclamaciones millonarias.
La parte penal del caso se cierra con condenas por delitos de cohecho y de fraude a la administración para el exdirector insular de Carreteras, Gonzalo Aguiar; el director de la obra, Francisco Orejudo; el vigilante de la obra por el Consell, Gabriel Mestre y el jefe de producción de la UTE, José Javier Navarro. A todos ellos se les aplica una atenuante muy cualificada por el enorme retraso del caso, que afecta a hechos ocurridos en 2006. La condena más alta es de un año y nueve meses para el último. Aguiar asume nueve meses y Orejudo y Mestre, seis. Todos ellos reconocen que se beneficiaron de trabajos en sus domicilios hechos por empresas que construían la carretera. Así, Orejudo admite que le construyeron una vivienda. La condena recoge otros episodios como la reforma de un local que terminó siendo una especie de templo budista y excluye otro de los más conocidos de la trama como la supuesta la construcción de aparcamientos para restaurantes situados junto a la carretera, una obra que queda acreditado que sí se pagó por los particulares a la constructora sin repercusión en las arcas públicas.
Otros tres acusados también admiten que recibieron sobornos de la concesionaria en forma de obras por las que no pagaron pero esos delitos se han declarado prescritos y no implican responsabilidad penal.
Las condenas implican el también el pago de multas; de 25.000 euros por parte de Orejudo y de 10.000 por Mestre a quien también se decomisan 40.000 euros del cohecho que ha admitido. Las penas de ingreso en prisión serán suspendidas en los próximos días.
Con el acuerdo se cierra un juicio con jurado popular que estaba previsto que durara un mes y que se hubiera centrado en la interpretación del contrato. La complejidad de un juicio así, junto con el enorme retraso de la causa han allanado el acuerdo que se ha desvelado en el último momento por las reticencias del Consell.