Martí March (Pollença, 1954) encara el último curso de la legislatura, marcado por la inflación y el desafío de aplicar la reforma de la ley educativa.
La vuelta al colegio de este año es la más cara de la historia: 400 euros de media por hijo. ¿Cómo lo valora?
—Estamos tomando decisiones que amortiguan lo que los padres deben aportar. Los 250 euros que damos a las familias con hijos en las escoletas permitirán un ahorro. Las ayudas de comedor llegarán a más de 10.000 familias y buscamos más fórmulas. También hacemos una inversión de 2,8 millones en ayudas para material y libros.
La FAPA advierte de la «trampa de la digitalización» porque las familias tienen que comprar las licencias y los Chromebook. ¿Qué le parece?
—A partir de ahora y en los próximos cursos se crearán 5.000 aulas digitales y formaremos en estas competencias a los docentes, alumnos y, si es necesario, a las familias. Repartiremos 15.000 Chromebooks durante este y el siguiente curso para los que tienen economías más vulnerables. Pero evidentemente no podemos dárselos a todas las familias. Aun así, creo que hay que combinar el uso de los libros de texto con lo digital.
Hay incertidumbre sobre como aplicar la Lomloe. ¿Podrían haber sido más flexibles?
—No. Cuando sindicatos, familias o la oposición han pedido un aplazamiento me parece inconcebible. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero la ley educativa aprobada por el Congreso dice que se debe aplicar durante este y el siguiente curso. No es discutible y todas las comunidades lo harán, incluso las que todavía no tienen aprobados los currículos han hecho instrucciones. Si el Govern no aplica la ley, ¿qué credibilidad tendrá ante la sociedad? Aun así, hemos flexibilizado todo lo que se ha podido, se está haciendo formación y ya hay publicadas situaciones de aprendizaje. También hay que decir que la reforma entra en vigor solo en los cursos impares.
El curso empieza con 512 alumnos menos. ¿Es puntual o está cambiando la tendencia progresiva de los últimos años?
—Tiene que ver con la situación económica de Balears porque hay trabajo y la gente sigue viniendo. El problema está en la tasa de natalidad, que en España es de las más bajas de Europa. Balears, hasta ahora, ha tenido una media de envejecimiento más baja porque ha venido gente joven que se ha casado y ha tenido hijos. Esto ha cambiado, y no sé si es por diversas razones, pero se nota especialmente en Infantil y Primaria porque en Secundaria sigue habiendo un crecimiento importante, al igual que en la Formación Profesional. Puede que se consolide esta bajada en el Estado si no se hacen políticas para incrementar la natalidad.
¿Esto obligará a cerrar aulas?
—La concertada ha bajado en alumnos, pero ha incrementado el número de profesores en unos 500 en dos legislaturas. Globalmente, hemos aumentado en unos 3.000 docentes, aunque es verdad que han llegado más estudiantes. En todo caso, es una realidad que hay más profesores que nunca. Aun así, tendremos que sentarnos para reflexionar sobre qué puede significar la bajada de ratios, que en la concertada son más altas que en la pública.
Sigue habiendo 94 aulas modulares, cinco menos que el curso pasado. ¿Reducirán el número antes de acabar la legislatura?
—Me gusta hablar de aulas modulares porque no son barracones, como se dice. Estos espacios tienen aire acondicionado y algunos centros no quieren que se los quitemos. Pero es cierto que es una anomalía tener estas aulas. Hemos incrementado el número de alumnos y docentes, pero no el de estas aulas. Si hubiéramos tenido una bajada demográfica ya no tendríamos, pero hemos tenido que seguir haciendo nuevos centros o ampliándolos. Nuestro plan de infraestructuras se está desarrollando. Habremos invertido 150 millones de euros al final de legislatura. Y en los últimos siete años se han construido entre cuatro o cinco centros y otros se han ampliado. El principal problema es que no encontramos solares para edificar y que las licitaciones quedan desiertas porque las empresas tienen dificultades por la inflación y otros motivos. Además, el Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius no tiene personal suficiente.
La Conselleria de Transició Energètica quiere convertir los centros en refugios climáticos. ¿Irán más allá del protocolo contra olas de calor que han presentado?
Nos enteramos al verlo en el periódico y llamé a Juan Pedro Yllanes (vicepresidente del Govern y conseller de Transició Energètica) y quedamos en reunirnos. Nos parece una buena idea, pero queremos saber qué proponen, porque los centros no son de su Conselleria. Sobre las recomendaciones que enviamos, hay que tener en cuenta que es imposible que todos tengan aire acondicionado. Habrá que buscar sistemas concretos para encontrar una solución en cada centro. El Gobierno hará un plan de climatización con 200 millones, de los cuales nos pueden llegar hasta cuatro.
¿Modificarán los protocolos de acoso tras el caso de Izan?
—No se cambiarán porque los protocolos funcionan y hemos formado mucho a los docentes. Estas situaciones son indignantes y antieducativas, pero nuestro trabajo no es salir en los medios, aunque se viralice. Hacemos un trabajo silencioso y permanente. La sobreexposición de estos casos es negativa y se ha incidido en el colegio, cuando no tenía responsabilidad, porque era una escuela de verano. Estos monitores estivales deben tener formación específica.
¿Qué medida importante prevén impulsar próximamente?
—Trabajamos en un decreto ley que será importante: el transporte de las escuelas públicas será gratuito en la etapa de 3 a 6 años, que no es obligatoria, aunque debería de serlo.