Apenas diez días después de la entrada en vigor de la Ley Integral para la Igualdad de Trato, una trabajadora de Mallorca presentó una demanda contra su antigua empresa al entender que su despido suponía una vulneración de esa norma. En concreto, la demanda alude a una discriminación por padecer una enfermedad o estar en situación de discapacidad.
La mujer trabajaba en un supermercado de la Isla y la empresa le comunicó un despido disciplinario que aludía a supuestas ausencias del puesto de trabajo o salidas antes de tiempo. La trabajadora niega que se haya producido esa situación y su demanda, interpuesta por el abogado, Pablo Alonso de Caso, denuncia que existe una situación de «menoscabo de la dignidad» de la trabajadora: «La actuación del empleador ha sido totalmente discriminatoria por mi condición de trabajadora previsiblemente discapacitada». Así, reclama una indemnización por daños morales, además de la declaración de nulidad del despido.
La ley entró en vigor el pasado mes de julio y busca impedir cualquier tipo de discriminación, ya sea por razón de raza, sexo o incluso por motivos de salud. En este caso, la trabajadora denuncia que el motivo real de su despido es que padece una enfermedad con diagnóstico de larga duración a lo que se une que ha estado durante una larga baja laboral que responde con una «grave» situación familiar.
Por tanto, entiende que se trata de uno de los escenarios que protege la nueva legislación y que también está vinculada con el criterio que ha mantenido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso de bajas de larga duración.
La demanda está pendiente de que se celebre la vista de conciliación ante el TAMIB antes de seguir su trámite en los juzgados de lo Social de Palma y plantear el funcionamiento de la nueva legislación contra la discriminación.