El 31 de julio de 2002 tomó posesión, por primera vez, de la jefatura de la Fiscalía de Baleares. Tomeu Barceló (Petra, 1959) acaba de cumplir 20 años en el cargo, siendo el más longevo entre sus homólogos españoles y, desde entonces, las ha visto de todos los colores.
Su última aparición oficial fue en el nombramiento del nuevo fiscal general, Álvaro García Ortiz ¿qué relación tienen?
—Es muy buena porque fue fiscal en Menorca, cuando yo ocupaba este cargo. Nos conocemos bien. Ahora el jefe es él. Le aprecio mucho y espero que le vaya bien.
Hace 20 años que ostenta este cargo, ¿le queda trabajo por hacer?
—Siempre hay una falta de medios que afecta a todas las administraciones. En la Fiscalía tenemos instalaciones propias y todavía bastan pero, en poco tiempo, y así como crece el número de fiscales y funcionarios, nos quedará pequeño.
¿En este tiempo ha tenido que ampliar o reforzar plantillas?
—En ciertos momentos sí, para dar respuesta a problemas que se han ido planteando. Hubo una temporada en que Anticorrupción no bastó y llegaron a ser cuatro: Carrau, Horrach, Subirán y Lamas. Ahora sólo hay uno pero hemos creado una sección de Delitos Económicos que muchas veces se atribuían a Anticorrupción.
Desde el ‘caso Andratx' se han ido sucediendo muchos otros ¿cómo se vivió esa eclosión?
—El primero fue el del túnel de Sóller pero hace tanto que yo ni estaba. Luego los hubo, más complejos y más fáciles. Tenían más repercusión en prensa que otra cosa. Nosotros los tratamos lo mejor que sabemos, con profesionalidad, y buscando soluciones objetivas.
En el ‘caso Palacete' se registró la vivienda de Jaume Matas un 24 de diciembre, algo de emoción hay.
—Fue una molestia, no era lo suyo, pero también era una casa en la que no había nadie.
¿Qué supone para el fiscal jefe, que debe tener buenas relaciones con todas las administraciones, que se investigue al expresidente del Govern, también exministro?
—Se tiene que hacer. No podemos tirar a la papelera unos documentos si hay indicios de delito. Hemos archivado muchos asuntos sin indicios pero si la historia reviste características de delito, se investiga.
¿Hay que avisarles antes?
—No.
¿Y a la Casa Real?
—Es otra historia. El Rey, por imperativo constitucional, como jefe del Estado, no responde a la Justicia.
¿En el ‘caso Nóos' hubo alguna deferencia con la Casa Real?
—No. Ninguna. Sería una barbaridad que infringiría la igualdad del ciudadano ante la ley. No es lo mismo el Rey que sus parientes o que los demás ciudadanos. Su yerno fue juzgado por un tribunal normal en la Audiencia Provincial. Hay aforamientos que requieren otros tribunales, pero no en este caso.
Tras Nóos se fue Pedro Horrach.
—Para ejercer de abogado. Sus motivos tendría.
Otro fiscal Anticorrupción conocido es Miguel Ángel Subirán ¿le invitaron a jubilarse?
—Yo particularmente, no. Si alguien se lo aconsejó, no lo sé.
¿Cómo está la causa contra él?
—Sigue abierta en el Tribunal Superior, pendiente de concluir la instrucción y, si sigue el procedimiento, irá a juicio. Lo lleva la Fiscalía Anticorrupción que depende directamente de Madrid, a mí sólo me informan.
¿Puede valorar el ‘caso Cursach'?
—Se pidió que se retirasen unas acusaciones para llegar a un acuerdo y se impugnó la validez del procedimiento pero la Sala consideró que no había motivos y el juicio continúa. También lo lleva Anticorrupción. ¿Se condenará o no? No se sabe hasta que haya sentencia.
¿Era necesario más de un año de prisión preventiva?
—De momento está condenado por tenencia ilícita de armas.
El mes de septiembre se juzga el ‘caso Carreteras'.
—Tiene poca trascendencia porque es un asunto del año 2007.
¿Por qué se juzga en 2022 un asunto de 2007?
—Porque puede haber un retraso considerable de la administración de Justicia, también porque ha habido muchas periciales. En este caso concreto es porque no ha habido acuerdo entre peritos, además de los recursos que han puesto las partes que han dilatado el proceso.
Cambiando de asunto, ¿se ha probado que haya mafias de explotación sexual a menores tuteladas?
—Aquí se dijo que había una red de prostitución de menores orquestada por funcionarios públicos de servicios de menores. La Guardia Civil y Policía Nacional lo investigó y no lo encontró. Que haya casos concretos de menores tutelados en redes de protección, sí, y cada vez que se denuncia, la Fiscalía persigue el delito.
Este verano se habla mucho de los pinchazos en ocio nocturno.
—Es un hecho lamentable, peligroso y reprobable que no debe suceder pero por los datos que tenemos no hay que alarmar tanto como se ha hecho. Por ejemplo, no hay ninguna denuncia por sumisión química. Ahora bien, si la víctima queda privada de sentido y se aprovecha para agredir, la Fiscalía actuará con contundencia.
¿Qué papel jugó la Fiscalía en las restricciones COVID del Govern?
—Intervino en todo lo relativo a los derechos fundamentales y no siempre estuvimos de acuerdo. Tenemos un recurso de casación frente al Tribunal Supremo por haber cerrado a los estudiantes en un hotel. Recurrimos una decisión del TSJIB. Parece algo testimonial, pero no se trata de quién es más chulo sino de aclarar, para un futuro, cómo se debe actuar.
¿La Fiscalía consideró que se atentaba contra la libertad de movimiento?
—Es una privación no autorizada de libertad por parte de la administración que no tiene esta capacidad sino hay permiso de un juez. Puede encerrar, pero sólo 72 horas, como en cualquier detención, el órgano judicial debe autorizarlo sino puede ser ilegal.