José Jacinto, su mujer y sus tres hijos –hay otro en camino– viven estos días expectantes porque en cuestión de meses tendrán que dejar su piso. El propietario del inmueble, en la zona de Llevant, es una entidad bancaria. La familia ocupa la casa desde el año 2015 a través de un contrato de alquiler. Sin embargo, hace un año que expiró y como no pudieron pagar la mensualidad han generado una deuda de más de 4.000 euros. La familia tuvo este viernes el juicio donde fue informada que en el plazo de uno o dos meses tendrán que abandonar el inmueble. «Lo único que pido es pagar la deuda, ya tengo el dinero, y que me hagan otro contrato. No me puedo ver en la calle con mi hijos», lamenta. Explica que «ahora mismo no tengo trabajo y vivimos todos con la paga vital de mi mujer».
José, que es chatarrero y vendedor ambulante, pasó todos los meses de la pandemia sin trabajo. Este hecho le generó deudas con la propiedad del inmueble, que pertenece a una entidad bancaria. Sus contratos han sido de tres años y el año pasado expiró el último, coincidiendo con el impago. La familia asegura que no recibieron ninguna carta con la reclamación de deuda ni preaviso alguno. Desde Stop Desnonaments, que lleva el caso, afirman que «el juzgado no ha respetado el derecho a enervar (evitar el desahucio)».
José y su familia pagaban una mensualidad de 235 euros y desde 2018 hasta 2021 –fecha en que se acababa el contrato– les subieron a 305 euros aproximadamente. Ahora buscan llegar a un acuerdo con la entidad bancaria porque «he reunido los más de 4.000 euros y lo único que pido es quedarme aquí. Llevo más de 40 años en este bloque y no tengo familia que nos pueda acoger». También han pedido cita con los Servicios Sociales. Él y su mujer, Andrea Durán, piden que al menos, como alternativa, «nos den una vivienda social adonde ir con los niños».