El Gobierno de Reino Unido ha dicho estar «comprometido» con su política de deportación de solicitantes de asilo a Ruanda y ha calificado de «sorprendente» el dictamen emitido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que impidió el martes por la noche la salida del primer avión. La ministra del Interior británica, Priti Patel, ha defendido ante la Cámara de los Comunes un acuerdo con el que, según sus propias palabras, Reino Unido aspira a ser «líder mundial» en materia de colaboración migratoria, pese a las críticas expresadas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
Patel ha defendido el compromiso de Reino Unido con la asistencia a los migrantes, alegando que cada año llegan más de 20.000 personas por rutas «seguras y legales», y ha abogado, en cambio, por actuar para frenar las llegadas irregulares a través del canal de la Mancha. «Nuestra capacidad para atender (a quienes llegan de forma legal) se ve gravemente comprometida por quienes vienen ilegalmente», ha dicho la ministra, que durante su ponencia ha recordado que los migrantes que llegan a Reino Unido por el canal de la Mancha lo hacen desde Francia, «un país seguro». Patel ha afirmado que la «sorprendente» actuación por parte de un juez «de guardia» en el TEDH no pone en tela de juicio todo el plan de deportación, sino que prohibió la expulsión de algunas de las personas que iban a ser trasladadas a Ruanda en este primer avión.
De hecho, ha aprovechado para recordar que la Justicia británica ya había avalado el programa. Reino Unido quiere ser «pionero» pero, al mismo tiempo, enmarca su plan dentro de una voluntad más amplia para buscar nuevas vías con las que atajar el desafío migratorio. La ministra ha señalado ante los diputados que Dinamarca está «en proceso» de negociar un acuerdo similar, en alusión a los contactos entre autoridades danesas y ruandesas. La Comisión Europea ha evitado este miércoles valorar la decisión de Reino Unido, con el argumento de que no comenta las políticas de países terceros, pero ha recordado que en la Unión Europea no sería legal deportar a estos migrantes antes de concluir el procedimiento para estudiar su solicitud de asilo.
La intervención del TEDH ha reavivado el debate en Reino Unido sobre una posible salida del país de la Convención Europea de Derechos Humanos, algo que el Gobierno ha evitado descartar. «Tenemos todas las opciones sobre la mesa, incluidas nuevas reformas legales que puedan ser necesaria», ha dicho un portavoz de Downing Street, según The Guardian. El propio primer ministro, Boris Johnson, se pronunció el martes en términos similares, por lo que el pronunciamiento más reciente de su gabinete evidenciaría que las dudas sobre la convención, clave dentro de la estructura del Consejo de Europa, forman parte de una estrategia clara.