La Audiencia Provincial cierra de forma definitiva la causa contra dos funcionarios de la Conselleria d'Educació por los certificados falsos presentados para conseguir plaza en el Colegio Sant Francesc de Palma. El tribunal confirma el sobreseimiento libre para los dos investigados, entre ellos el ex director general de Planificació, Bartomeu Isern. Los funcionarios fueron denunciados por el padre que destapó la trama. Les acusaba de no haber perseguido los certificados falsos y de haber resuelto de manera injusta al no acordar la expulsión inmediata del centro de los doce menores que accedieron en virtud de los certificados falsos. Estos documentos acreditaban enfermedades o situaciones que permitían a esos niños conseguir puntos para lograr entrar en el centro educativo. El denunciante consideraba que se había resuelto de forma injusta y pedía llevar a juicio a los funcionarios.
Tanto el Juzgado de Instrucción 2 de Palma como ahora la Audiencia Provincial descartan de plano la existencia de delito alguno en los funcionarios. En primer lugar porque ninguno de los investigados tenía entre sus atribuciones legales promover la persecución de delitos y, además, porque tampoco hay indicios de que la decisión que tomaran fuera ilegal. El auto de la Audiencia Provincial que desestima el recurso de la acusación particular señala que el padre afectado no sufrió una «injusticia material» dado que, aunque se hubiera expulsado a los que presentaron documentos falsos «ello tampoco produciría como resultado que su hija obtuviese plaza en el colegio». El tribunal acoge así el argumento de la Abogacía de la Comunidad Autónoma que añadía que la decisión administrativa no fue combatida en la jurisdicción contencioso-administrativa y que, además, entra dentro de una posible interpretación legal de la normativa que había que aplicar. «No puede concluirse sin más la desviación de la aplicación de la norma», concluyen, además de manifestar que en la instrucción no se puso de manifiesto ningún posible «interés personal» de los funcionarios denunciados.
Nueve meses de cárcel
El juicio contra los padres terminó en condena generalizada al quedar probado que se habían aportado certificados médicos y laborales falseados para ganar puntos, algunos como justificar con varios catarros una enfermedad grave. De los doce padres que fueron juzgados por falsear informes, ocho reconocieron en el mismo juicio el delito y aceptaron el pago de una multa. Otros cuatro fueron condenados a penas de nueve meses de prisión y una multa de 2.160 euros. La sentencia no implicaba tampoco la expulsión de los alumnos, que llevaban años de educación en el centro cuando se resolvió el procedimiento penal. Todo el procedimiento se refiere al curso escolar que se inició en el año 2013. El sobreseimiento libre zanja el recorrido penal a todo el caso en el que, por primera vez, se acreditaron falsedades en certificados para conseguir entrar en un centro concertado en Baleares.