La coincidencia política entre los gobiernos de Baleares y de Madrid no significa que no haya tensiones legislativas entre ambos. Un simple repaso al BOE o al Butlletí Oficial de les Illes Balears permite ver a las claras que el Gobierno vigila muy atentamente todo lo que se aprueba en el Consell de Govern o en el Parlament. Desde que Pedro Sánchez es presidente, a mediados del año 2018, el Gobierno ha impulsado un total de 24 impugnaciones a leyes aprobadas en Baleares, una cifra muy elevada si se tiene en cuenta que, desde esa misma fecha, Balears ha aprobado un total de 52 leyes o decretos ley. Es decir, casi la mitad de las normas legislativas aprobadas en las Islas desde que Sánchez es presidente ha recibido una amenaza de inconstitucionalidad por parte del Gobierno.
Las normas cuestionadas
Algunas de las normas sobre las que el Gobierno ha alertado de posible inconstitucionalidad fue el intento del Govern de fijar la vacunación obligatoria para el personal sanitario y sociosanitario. También la figura del agente COVID fue cuestionada, pero al final se ha llegado a un acuerdo para mantenerla cambiando una serie de funciones.
El Gobierno amenazó con llevar al Constitucional leyes tan sustanciales para la izquierda, como la de vivienda, cambio climático o residuos y se evitó el recurso gracias a que se introdujeron cambios en el texto inicial aprobado en las Islas.
La directora general de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, Isabel Castro, explica que el elevado número de advertencias de inconstitucionalidad responde a que se ha legislado mucho durante este periodo como consecuencia de la pandemia. Aclara, además, que esos avisos no afectan a toda la ley, sino a artículos muy específicos. El último, de hace unos días, afecta a la ley de Presupuestos en un artículo muy concreto sobre la implantación de la ley de residuos en Formentera.
Castro destaca que todas las discrepancias han acabado en un proceso de negociación y no se ha llegado al Constitucional, algo que sí pasó con la ley de los toros a la balear durante el mandato de Mariano Rajoy. Incluso destaca que, para resolver las discrepancias, el Gobierno ha llegado a incorporar en su propias leyes normativa aprobada antes en Balears. Es el caso de las leyes de cambio climático o de residuos, señala Castro.
No lo ve de la misma manera la oposición. «El Govern gestiona mal, pero además legisla mal y está sustituyendo al Parlament en su labor legislativa con decretos leyes y con leyes rodillo donde no se escucha ninguna de las propuestas de la oposición», señala la diputada del PP Núria Riera. Considera «preocupante» que haya tantas controversias y afirma que eso pone de manifiesto que el Govern no quiere dar «seguridad jurídica» a las leyes. «Hace leyes para conseguir titulares», señala.
También lamenta que no se asesore debidamente por parte de los funcionarios y recurra a «amiguetes». Riera ha pedido los informes jurídicos que acompañan a los decretos ley aprobados y la respuesta ha sido la misma en todos: que no tienen la obligación de solicitarlos. Lamenta que el Govern no rectifique tras tantas advertencias y dice que el PP derogara las «leyes churro».