Retraso judicial por triplicado. El exconseller de Interior, exsenador, exconcejal de Palma y exdelegado del Gobierno en Baleares, José María Rodríguez, tiene a su favor los tiempos judiciales. Fue condenado por la caja B del Partido Popular en Balears durante los años de Jaume Matas en el ‘caso Over' a una pena de tres años y medio de cárcel. De eso ya han pasado casi tres años. Rodríguez recurrió al Tribunal Supremo y la tramitación del recurso casi no ha empezado ni siquiera. El último documento que se notificó a las partes fue una diligencia de ordenación el 26 de marzo de 2021. Decía que se enviaba el expediente al ponente y ni se indicaba qué ponente iba a ser, solo para decidir sobre la admisión del recurso. Vamos, nada. En más de un año no se ha movido un papel.
La anómala situación en el Supremo se suma a otro retraso anterior: el de la Audiencia Provincial, el tribunal que le condenó y que en medio de la pandemia tardó en torno a un año en tramitar los recursos y sus contestaciones hasta que llegaran al Tribunal Supremo. El juicio ya había sido complicado y tuvo que ser aplazado varios meses, de manera que la sentencia ya suponía una rebaja de la condena a José María Rodríguez por dilaciones indebidas. Ahora, los casi tres años que acumulan las tramitaciones de los recursos garantizan que sea obligada una nueva bajada de la condena penal que se le impuso y se acerque a los dos años de cárcel, una pena que sí podría ser suspendida.
Al Alto Tribunal aún le quedan varios pasos que dar. El primero decidir si el recurso pasa el filtro de admisión, que es donde se estrellan la mayoría de los asuntos. Sin embargo, al tratarse de una causa de corrupción, lo más probable es que sí supere este control. En ese caso, el Supremo puede o no hacer una vista para analizar los recursos y más tarde tendrá que dictar sentencia.
Los retrasos acumulados hacen que los hechos que se juzgan se remonten a la campaña electoral de 2003 y la legislatura posterior. Matas admitió en el juicio que, para esa campaña, encargó trabajos a la empresa Over Marketing. Según declaró probado la Audiencia, para compensar ese gasto que el PP no reflejó en su contabilidad electoral, se acordó con el responsable de la firma, Daniel Mercado, compensarle con una serie de contratos con la Administración.
Acorralado en el juicio
En el juicio, Rodríguez se vio acorralado entre las confesiones de Mercado y la de Matas. A pesar de que negó haber cometido ninguna irregularidad se consideró demostrado que encargó a Mercado una campaña para diseñar la imagen de la policía turística que, en realidad, nunca se llevó a cabo más allá de algunos bocetos para justificar el expediente. En total, la condena a Rodríguez se producía por facturas que sumaban 9.000 euros. La Audiencia concluía: «No tenemos la mínima duda de que Rodríguez conoció el pacto entre Matas y Mercado para que se abonasen parte de los gastos de campaña con contrataciones públicas. Ninguna credibilidad tendría que Rodríguez por su posición en la campaña y en el organigrama del partido desconociese ese extremo ni, desde luego, es creíble que Matas no le hiciese partícipe de este acuerdo».
Más allá de posibles rebajas en su condena, la defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado José Manuel Madroñero, reclama su absolución total. Cuestiona la versión dada en el juicio por coacusados que se han beneficiado de rebajas de condena o sustituciones de penas de cárcel por multa. Mercado tiene un papel clave no solo en este caso. Tras pactar con la Fiscalía Anticorrupción dio datos que llevaron a que se abriera la investigación de la ‘operación Púnica' en territorios como Madrid o Castilla y León.
José María Rodríguez, que tiene ahora 75 años de edad, ha superado el resto de causas judiciales. Fue imputado en la causa de corrupción en torno a la Policía Local de Palma y más tarde fue uno de los grandes objetivos en el ‘caso Cursach'. Sin embargo, en su contra apenas había más de lo aportado por la madame del caso. Ni siquiera llegó a ser acusado por la Fiscalía Anticorrupción. Menos aún en el ‘caso ORA', donde la investigación nunca terminó de dirigirse en su contra antes de que el asunto colapsase al acreditarse que no hubo amaño.