Arranca el juicio por la muerte por tuberculosis del inmigrante senegalés Alpha Pam. La familia de la víctima reclama una condena de un año de prisión contra un enfermero y la doctora de urgencias del Hospital de Inca a los que acusa de no haber atendido de forma correcta al fallecido cuando acudió a urgencias. La muerte se produjo en abril de 2013 cuando la legislación había dejado sin tarjeta sanitaria a los inmigrantes sin papeles. Una primera querella contra los entonces responsables de la política sanitaria del Govern fue archivada hace ya seis años y al juicio solo han llegado los sanitarios.
La acusación particular sostiene que los dos acusados ventilaron en cinco minutos la consulta con Pam y que no valoraron un volante del centro de salud de Can Picafort de unos meses antes que derivaba al paciente a Inca ante una posible tuberculosis. La Fiscalía y las defensas sostienen que la atención fue correcta y que una prueba previa había descartado esta enfermedad previamente.
La doctora acusada relató cómo fue su consulta con Pam. Señala que le recetó antibióticos y se los dio y que le dijo que era «muy importante» que en 48 horas fuera a su médico de cabecera. Añadió que el historial «estaba vacío» y que no le enseñó ningún volante. «Si lo hubiéramos visto hubiéramos aislado al paciente». Ese documento, un P10, es la prueba clave del juicio.
Fue emitido por un médico en el centro de Salud de Can Picafort el 28 de febrero y derivaba al paciente a Inca para que se hiciera una radiografía. La doctora contó que, aún así, la atención que recibió fue correcta e insistió en que se le dijo a Pam y a su amigo que tenía que volver al centro de salud a los dos días. «Entró caminando de formar correcta y no me llamó la atención», dijo y negó que le dijera nada sobre la tuberculosis: «No, no y no».
El enfermero de triaje que estaba el 5 de abril de 2013 en Inca limitó su papel a la de establecer la prioridad para que los pacientes accedan a la consulta. Señaló que interrogó a Pam, vio que su estado físico «no era grave» y que le comentó que había estado con una persona con tuberculosis. Señaló que abrió la historia del paciente pero que estaba vacía y que no pudo acceder al documento del centro de atención primaria. Así pues, niega haber visto el volante y dice que solo supo de ese papel cuando el entonces conseller, Martí Sansaloni, anunció que les abría un expediente disciplinario. En cualquier caso, negó que ese volante hubiera afectado a su decisión a la hora de fijar la prioridad del paciente. «Era del 28 de febrero y a Inca hasta el cinco de abril no vino. Hacía mucho que tenía que haber venido a hacerse una radiografía y no vino», sostuvo.
El juicio arrancó con la disputa por un nuevo informe médico aportado ahora por la acusación y por la posible declaración de la madre de Alpha Pam, que se encuentra en Dakar y que ha pedido comparecer por videoconferencia. Como se trata de la única acusación, las defensas exigen que comparezca para ratificar su intención de pedir un castigo penal más allá de una comparecencia realizada por la mujer en el consulado español y de reclamar una indemnización. «Es un testigo esencial», señalan. La juez aceptó la pericial y la madre de Pam tendrán que comparecer el viernes por videoconferencia.
Las defensas de los médicos también plantearon una cuestión previa ya que sostienen que la madre de Pam no tiene capacidad legal para mantener la acción penal ya que la normativa española no reconoce esa capacidad a ciudadanos extranjeros si no hay un ataque directo a sus bienes o su persona. La magistrada también rechazó esa petición: «Está plenamente legitimada. Es la madre del fallecido».