El Govern se compromete a rebajar a un 5 % la cifra de interinos en las distintas administraciones antes del 31 de diciembre de 2024. La consellera de Presidència, Mercedes Garrido, presidió ayer la primera reunión de la mesa que se ha creado para determinar los criterios que se seguirán para acabar con la interinidad y que todas las administraciones públicas se sitúen por debajo del 8 % en esa fecha. El Govern aspira a superar este objetivo y llegar al 5 %. «Damos un paso más y avanzamos hacia un objetivo que es posible y al cual esperamos que se sumen el resto de administraciones», defendió la consellera. Los procesos de estabilización se tienen que haber publicado antes del 1 de junio de este año y las convocatorias, antes del 31 de diciembre de 2022 para poder cumplir las fechas.
En un comunicado, el Ejecutivo aseguró que el proceso de estabilización se llevará a cabo desde el acuerdo con todas las administraciones públicas y con los sindicatos. La mesa está formada por representantes de todas las administraciones y cada una de las organizaciones sindicales con presencia en las mismas, ya sea en sus mesas o en los comités de empresa. «Garantizamos el derecho a la negociación colectiva de todos los sindicatos», aseguró la consellera. «Perseguimos que los trabajadores públicos tengan mejores condiciones laborales, más estabilidad y, por lo tanto, la ciudadanía pueda disfrutar de mejores servicios públicos», aseguró Garrido.
Por parte de los sindicatos, asistieron a la reunión semipresencial representantes de UGT, CCOO, STEI, CSIF, USO, SINTTA y Sindicato de Policía. El hecho de que no estuviera representado el colectivo de interinos en el encuentro provocó que varios de sus integrantes se manifestaran a las puertas del lugar donde se celebraba la reunión. Los manifestantes criticaban la aprobación del decreto por parte del Parlament balear «ya que puede vulnerar el derecho a la negociación colectiva», aseguraron en un comunicado. Denunciaron, además, que ha mermado la representatividad de los sindicatos minoritarios en favor los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT.
El apunte
31.000 plazas en juego
Unos 31.000 empleados públicos de Baleares se verán afectados por el proceso de regularización de plazas, según datos de la Federación de Servicios Públicos de UGT, la única que ha dado una cifra hasta la fecha. La medida afecta a empleados del Govern, de sus empresas públicas, de los consells y organismos dependientes, y de los ayuntamientos de Balears.