La primera ley educativa genera discordia

El conseller de Educació i Formació Professional, Martí March, defiende que la primera ley educativa de Balears, aprobada el martes en el Parlament, se basa en el «consenso». Sin embargo,    no lo ven igual los principales sindicatos de la escuela pública y concertada, como el STEI Intersindical, ANPE, Sindicat Alternativa, USO y UOB Ensenyament. A continuación destacamos algunos de sus principales argumentos que cuestionan la normativa.

Inversión educativa.
La ley tiene una memoria económica para garantizar el compromiso de llegar al menos al 5 % del Producto Interior Bruto (PIB) de inversión en educación en un período máximos de ocho años. Los sindicatos consideran que es insuficiente y el STEI, por ejemplo, reclamaba llegar al 6 % en cinco años.

Educación 0-3 años.
La normativa aprobada pretende garantizar la progresiva extensión de la Educación Infantil 0-3 con el objetivo de universalizarla y hacerla gratuita con el tiempo. Los sindicatos lo dudan y denuncian que no promoverá una dignificación de las condiciones laborales de los profesionales que trabajan en las escoletes. En el caso de la pública temen la concertación de los centros privados, mientras que los sindicatos de la concertada creen que la normativa les perjudica.

Reducción de las ratios.
La ley obligará a elaborar un plan para reducir progresivamente las ratios en las aulas para favorecer una disminución de, como mínimo, un 10 %. Los sindicatos critican que este porcentaje es insuficiente para abordar una de las reclamaciones más persistentes entre los docentes para mejorar la enseñanza. También lamentan que no prevea incrementar la dotación de profesores para atender la diversidad.

Autonomía de los centros.
La ley fomentará la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión de los centros para potenciar la descentralización de la actividad educativa. Sin embargo, los sindicatos reclamaban más capacidad de decisión del claustro y democratización del centro en vez de poder seleccionar los equipos directivos. De hecho, rechazan que estos se profesionalicen, como establece la ley.

Modelo lingüístico.
La ley apuesta por el mismo modelo lingüístico impulsado por el PP con el apoyo del resto de partidos hace 20 años, y para ello se basa en la Llei de Normalització Lingüística y en el Decret de Mínims de un 50 % de clases en catalán. Que el Pacte descartara un día antes de la votación incluir el castellano y el catalán como lenguas vehiculares, como habían acordado con el PP, disgustó a los ‘populares', que en el último momento decidieron votar en contra de la ley en vez de abstenerse. En cambio, entidades a favor del catalán, como el Moviment per l'Escola en Català a les Illes, celebraron el cambio. Aun así, siguen exigiendo la inmersión lingüística en todos los centros. La mayoría de sindicatos de la pública ven positivo que se haya eliminado del concepto vehicular.

Insularidad.
ANPE denuncia que la ley no tenga en cuenta la insularidad y advierte de la dificultad de cubrir todas las bajas, especialmente en Menorca, Eivissa y Formentera, donde los docentes «pierden dinero por ir a trabajar». Esto dicen que se suma a la carestía de la vida en las Islas, lo cual hace inviable encontrar docentes para no dejar a nuestros alumnos sin profesor.

Concertada.
Sindicat Alternativa lamenta que se mantenga el «privilegio» de las «escuelas privadas subvencionadas», refiriéndose a las concertadas. Contrariamente, USO denuncia que la nueva ley «intenta empequeñecer al sector educativo concertado». Cabe decir que la normativa institucionaliza las políticas que se han ido haciendo desde 2015 en este sector, como es la escolarización equilibrada del alumnado con necesidades físicas.