Los sindicatos USO y ANPE han trasladado su malestar ante el proyecto de Ley de Educación en las islas, que se aprobará este martes en el Parlament, porque han considerado que la nueva norma no aborda ni resuelve los problemas existentes en el ámbito educativo. En una nota, el sindicato mayoritario de la concertada, USO en Baleares, ha denunciado que, al igual que la LOMLOE, esta nueva ley en Baleares nace sin el consenso de la comunidad educativa y sin el apoyo mayoritario del Consell Escolar de Baleares, con el consecuente «descontento generalizado» de los actores principales. «Hacer una ley de educación en contra de la comunidad educativa y de todas las principales entidades de la sociedad civil no es propio de un gobierno que se hace llamar progresista», han incidido desde USO, que han defendido a libertad de elección en manos de los padres y madres, y no de la administración.
Para los representantes de esta organización, esta ley educativa intenta empequeñecer al sector educativo concertado, «pasando de puntillas sobre los problemas que existen en dicho sector, o mirando a otro lado directamente», y han considerado que divide el espectro educativo en centros públicos y la concertada. «Es una ley para unos pocos; lamentablemente, ni es la ley de todos ya que se obvia la complementariedad de redes y se estigmatiza la atención a los alumnos con necesidades, como si en la enseñanza concertada no se atendiese a ese alumnado», han manifestado desde USO.
Por su parte, desde el sindicato ANPE han lamentado que entre las carencias detectadas en el proyecto de esta ley, hay aspectos «esenciales» que no se recogen, como la financiación, el reconocimiento de la insularidad o las mejoras sociolaborales para el profesorado, puntos que «potenciarían la calidad educativa». Esta entidad ha censurado la dificultad para cubrir las bajas de los profesores, especialmente en Menorca, Ibiza y Formentera, donde los docentes «pierden dinero por ir a trabajar» y ha denunciado que se deje «la puerta abierta» a «la perfilación de plazas» y a la elección a dedo del profesorado.
Respecto a la nueva reorganización que supondrán los nuevos currículums introducidos por la LOMLOE, desde ANPE han alertado de que generaran un aumento extra de la burocracia a los equipos directivos y al profesorado, algo que se verá potenciado por el Plan Digital de Centro exigido por la administración que las escuelas tendrán que desarrollar en breve. «La promoción y titulación del alumnado con materias suspensas y la falta de medidas que ayuden a la conciliación laboral y familiar son cuestiones fundamentales que la Ley no resuelve», han hecho hincapié desde esta asociación, que han rechazado la aprobación de esta ley porque «no resuelve los problemas reales».
En cuanto al modelo lingüístico que contempla esta ley educativa, la Federació d'organitzacions per la llengua catalana (FOLC) ha advertido de que la norma supone un «obstáculo» a la normalización progresiva de la lengua catalana en la enseñanza, al considerar que se permite que el castellano sea lengua vehicular. PSIB, MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, los tres partidos que forman el Pacte, han alcanzado este lunes un acuerdo junto con Gent per Formentera (GxF) para que los centros decidan el modelo lingüístico que se debe llevar a cabo para que el alumnado adquiera competencias en las dos lenguas oficiales en Baleares. Por ello, desde FOLC han remarcado que la nueva norma planteada por Educación se opone a lo redactado en la Ley de normalización lingüística de las islas, aprobada en 1986 en el Parlament balear, que contempla que el catalán «debe ser progresivamente lengua vehicular en la enseñanza». Así, han instado al Govern balear a aplicar políticas activas a favor de la normalización del catalán «en todos los ámbitos».