Reacción a la campaña que pretende extender las reclamaciones de algunas familias y de colectivos docentes para incrementar la presencia del castellano en la educación pública de las Islas. La Obra Cultural Balear (OCB) se ha personado en el procedimiento sobre la imposición del 25 % de castellano en la educación balear, como parte interesada en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) después de la admisión a trámite de un recurso contencioso administrativo de la asociación de docentes PLIS, con apoyo de los servicios jurídicos de Societat Civil Balear, y que tiene por objeto aplicar una cuota mínima de castellano en todos los centros docentes del sistema educativo balear.
Curiosamente la OCB remite a un nombre que en su día tuvo una influencia máxima en la esfera política balear, pero que en los últimos tiempos se ha ido desligando de la misma. Según afirma la entidad, «José Ramón Bauzá trata de intentar arrebatar ahora en los tribunales lo que perdió estrepitosamente en las calles y en las urnas, y no consentirá que grupúsculos politizados, por motivos que nada tienen que ver con la educación, promuevan un conflicto que la comunidad educativa no merece».
Más que al expresidente balear como tal la OCB alude a Bauzá como símbolo. Lo que representa su legado en el seno de la esfera política local. Además de los recortes en las cuentas públicas a Bauzá se le recordará por un conflicto educativo sin precedentes en nuestro archipiélago, que alumbró una larga huelga de docentes y por si fuera poco la manifestación más multitudinaria de la historia. Por eso la OCB censura que personas que se sientan próximas a las tesis del actual eurodiputado de Cs «conviertan los centros educativos en campos de batalla al servicio de su ideología extremista».
En resumen, la OCB no se mueve de su posición, la que estrenó hace sesenta años y así reivindica el marco normativo del Decret de mínims, que según recuerda impulsó un gobierno del Partido Popular, el mismo que «ha definido el modelo lingüístico educativo balear de los últimos veinticinco años». «La imposición de un porcentaje determinado de clases en castellano va en contra de la autonomía de los centros docentes para decidir en sus proyectos lingüísticos y en el marco de lo que determina el Decreto de mínimos la lengua de impartición de las asignaturas no lingüísticas».
Del mismo modo la entidad cultural a favor de la promoción del catalán en las Islas solicita a los grupos parlamentarios inmersos estos días en el debate del proyecto de ley de educación en el Parlament que se aseguren que la posición de la lengua catalana quedará reforzada y la garantía que el idioma propio de Baleares «se mantenga como centro de gravedad del sistema educativo».
Finalmente la OCB recuerda, en todo caso, que el mantenimiento del marco normativo del catalán en la escuela de las Islas no resulta suficiente, sino que «es necesario un compromiso firme de la administración educativa para hacerlo efectivo y acabar con las tasas de incumplimiento de los contenidos del Decret de mínims que se constatan hoy en día en muchos centros educativos, con una incidencia particular en la enseñanza concertada, pero también en el sistema público. El catalán debe ser la lengua vehicular normalmente utilizada en las escuelas e institutos porque es la única garantía de que los alumnos finalicen la escolarización obligatoria con una competencia comunicativa suficiente en las dos lenguas oficiales».