Déjà vu de una iniciativa que en 2017 ya salpicó de lleno a medios de comunicación e instituciones en Mallorca por los ríos de tinta que se escribieron y la apuesta política que se hizo. El Consell, bajo la presidencia de Miquel Ensenyat, abogó por poner el nombre de ‘Aeroport Ramon Llull', a secas, pero la respuesta que hubo desde Madrid enfrío los ánimos. El coste de 500.000 euros debía ser asumido por la institución insular, cuando la pretensión era pasar la pelota a AENA, por aquello de que es un ente con grandes ingresos y beneficios.
La idea quedó guardada bajo llave en el despacho presidencial del Consell. Cinco años después, el triunfo de Rafael Nadal en el Open de Australia ha vuelto a desempolvar esta iniciativa, aunque en esta ocasión ha sido por iniciativa popular. Consell, Govern y Ajuntament de Palma se han colocado en un segundo plano, quizás por entender que la situación no está para hacer florituras y que hay cuestiones más importantes que cambiar el nombre del aeropuerto. En Madrid han visto la propuesta popular con cierta parsimonia, distancia y con las ideas más que claras. El ‘no coment' en AENA, Ministerio de Transportes y en Moncloa se asemeja mucho al de las instituciones de las Islas.
El único comentario que realizan desde la Administración central es que todos los aeropuertos que cuentan con un nombre personalizado es porque «están muertos y no hay problema alguno con su elección». Pasa con Adolfo Suárez (Madrid-Barajas), Josep Tarradellas (El Prat-Barcelona), Rosalía de Castro (Santiago de Compostela), Federico García Lorca (Granada-Jaén) o Severiano Ballesteros (Santander-Parayas). A esto hay que sumar que salvo Madrid y Barcelona, que fueron por decisión directa de Mariano Rajoy (2014) y de Pedro Sánchez (2018) con el de Barcelona, el resto de cambios han sido impulsados por ayuntamientos, comunidades autónomas y particulares con el visto bueno del Ministerio de Fomento, en su día, y ahora de Transportes. Los precios, cual zoco árabe, oscilan desde los 50.000 euros a los 500.000 euros. Salvo Madrid, Barcelona y Alicante, asumidos por AENA, el resto ha supuesto un desembolso de las arcas municipales, autonómicos y empresariales. No es fácil ni sencillo realizar un cambio, pese a que la iniciativa popular quiera impulsar el cambio en Palma.
El alcalde José Hila ha ido más allá, al indicar que el aeropuerto se tiene que denominar Aeropuerto de Palma y que el apellido que se le ponga le da igual, ya que hay que abrir un debate al respecto. La presidenta Francina Armengol ha tocado el tema con mucho sigilo y de puntillas, al igual que la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que ha obviado pronunciarse de forma oficial por que el horno no está para bollos. Hay problemas mucho más graves que un simple cambio toponímico y las miradas políticas están en otros objetivos en estos tiempos marcados por la pandemia. No se puede ni se tiene que hacer demagogia con esta cuestión, pese a intereses personalistas que quieren que el cambio de nombre salga adelante sí o sí y con coste económico cero. El sector turístico, quizás con una visión más comercial, sí que apoya la propuesta por entender que el tenista de Manacor es un icono mundial y se puede utilizar su imagen a nivel promocional. Pero lo dicho, cuestión compleja e inviable.