La Fiscalía reclama condenas de dos años de cárcel para la antigua cúpula de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental por un delito contra los derechos de los trabajadores por vulnerar la normativa de prevención de riesgos laborales. El principal acusado en el procedimiento es el exconseller de Presidencia durante el primer Pacte de Progrés y exdiputado nacional, Antonio Garcias Coll, quien ocupó el cargo de director gerente de la empresa en la anterior legislatura, hasta 2019.
Además de él también están acusados el entonces secretario general, Ernesto Santamaría Casals y la jefa de área de gestión de saneamiento del organismo, Pilar Sánchez-Mateos Rubios. Los tres afrontan la misma petición de dos años de cárcel por parte de la Fiscalía y están citados para recoger esta semana el auto de apertura de juicio oral ya dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de Palma, María Pérez Ruiz. La petición de prisión que se les realiza implica la posibilidad de que, aún en caso de condena, sea suspendida y no ingresen en prisión.
Inspección de Trabajo
La acusación pública se apoya en los informes de la Inspección de Trabajo que fue quien detectó graves irregularidades en uno de los laboratorios de la Agencia a partir de denuncias de los trabajadores. En concreto faltaban una serie de mecanismos de protección de los trabajadores ante agentes químicos como una campana extractora homologada. El informe considera que con esas carencias se ponía en grave riesgo la salud de los técnicos que trabajaban en estas dependencias. Además, la inspección también detectó serias deficiencias en los planes de protección y de seguridad laboral en la agencia, que son documentos obligatorios para todas las empresas y también encontró carencias en los equipos de protección individual.
A partir del informe de Inspección, la Fiscalía presentó una denuncia contra la Agencia Balear del Agua en los juzgados y los tres acusados fueron interrogados por la jueza el año pasado. Los tres defendieron su gestión al frente del organismo. Sin embargo, sus explicaciones no han convencido ni a la magistrada ni a la Fiscalía al no poder concretar el porqué de la falta de la campana extractora que sería necesaria en un laboratorio de las características de Abaqua. Así, en los próximos meses, los tres responsables se sentarán en el banquillo de los acusados.
Multas
Además de la pena de prisión de dos años de cárcel, la Fiscalía también reclama para los tres acusados una multa por valor de seis mil euros para cada uno y una inhabilitación para ocupar ese cargo durante el periodo de dos años. El juicio, que se celebrará dentro de unas semanas en un juzgado de lo Penal de Palma, será uno de los primeros en los que se acusa a una administración pública de un delito contra los derechos de los trabajadores. De hecho, es la única causa en la que se persigue en Balears la mera carencia de equipos de protección sin que haya mediado un accidente laboral previo que suele ser el desencadenante de este tipo de acusaciones por seguridad e higiene en el trabajo.