La situación política y lingüística anda algo alterada en las últimas fechas en la Península a cuenta del caso de la familia de Canet de Mar (Barcelona), a la que los tribunales han reconocido el derecho de su hija de cinco años a recibir un 25 % de todas sus clases en castellano. Se trata de una controversia que ha movido incluso a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a anunciar que en su comunidad hallarán refugio aquellas personas que quieran que sus hijos estudien en el idioma común de todos los españoles y la administración no se lo permita. Este miércoles ha habido gesticulación en el Congreso, tanto por parte del líder de la oposición, Pablo Casado, como de Inés Arrimadas (Cs). En relación a esto, ¿cómo se encuentra la situación educativa en las Islas en cuanto a utilización en las aulas del idioma propio y su vehicularidad en la enseñanza?
Fuentes de la Conselleria d'Educació indican que en estos momentos en Baleares «no tenemos ningún conflicto». Desde el Govern se muestran tajantes en este asunto. Ratifican que no existen registros de otras solicitudes similares a la de la familia de Canet. Asimismo, insisten en afirmar que la sentencia del TSJC no tiene ningún efecto en la jurisprudencia actual, ni por tanto provocará cambio alguno en el modelo educativo que se ha venido desarrollando en Baleares en los últimos tiempos; los tiempos tras el fiasco del TIL.
Es cuestión de tiempo. Cuando surge esta discusión siempre acaba por aparecer el nombre de Baleares sobre el tapete. Antaño territorio conflictivo por antonomasia en esta materia, el archipiélago donde la comunidad educativa y las familias desafiaron el poder político del PP de José Ramón Bauzá y su proyecto lingüístico para la escuela llegando a reunir a cien mil personas en las calles, son ahora tierra pacificada a pesar de que los sectores más comprometidos con el catalán retratan periódicamente que el retroceso en su uso social no se detiene.
No obstante algunas pistas muestran que, del conflicto que fue, no queda tanto. O dicho de otro modo; mucho ha sido superado. Recientemente se recordó la histórica manifestación contra el TIL en Palma, con motivo de su octavo aniversario. En aquella ocasión el que fue portavoz de l'Assemblea de Docents, Iñaki Aicart, manifestó que «el cambio de gobierno supuso un nuevo aire, dejó de haber represión en los centros educativos y la presión sobre el catalán quedó de lado». Con el objetivo alcanzado -derogar el polémico TIL- l'Assemblea quedó aletargada, a la espera de que algún centro reclame su regreso.
Entre tanto hay quien no descansa y algunas asociaciones se muestran todavía activas en esta cuestión. Por ejemplo un grupo de docentes organizados, PLIS Educación, pidió recientemente trasponer la obligación de impartir en castellano, al menos, una cuarta parte de las horas lectivas en la educación pública de las Islas. Consideran que «la inmersión total y obligatoria es ilegal en Cataluña y, por tanto, también en Baleares».
Algunos que en otros momentos les habrían dado la réplica, y con ella avivado la confrontación, callan. Más bien están a otras cosas, inmersos en otro tipo de contenciosos. Tómese como ejemplo el sindicato Alternativa Docent, surgido de la propia dinámica de l'Assemblea, donde se han dejado un poco de lado las cuestiones más puramente identitarias para poner el foco en otros puntos estructurales: piden más infraestructuras educativas, o llevan a cabo una llamativa campaña para reclamar la equiparación de los complementos de residencia de los docentes baleares a los de Canarias.
Esta última se trata de una reivindicación iniciada en 2017, que suscitó que al año siguiente el Parlament aprobara por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL), instando a los gobiernos central y autonómico a buscar una fórmula para la equiparación del complemento de residencia, dotar presupuestariamente el incremento e incluirlo en el Régimen Especial de Baleares (REB). Hasta el momento no se aprecia ningún gesto en este sentido.