El Ministerio de Justicia anunció hace un año la creación de dos nuevos juzgados en Mallorca para hacer frente a la crisis provocada por el coronavirus: un nuevo Social y un Mercantil. A día de hoy, no hay rastro de ninguno de ellos y ni siquiera hay donde colocarlos. Las previsiones más optimistas son ahora que su puesta en marcha se producirá en septiembre del año que viene, dos años después de su creación en el Boletín General del Estado. El Gobierno anunció un plan de choque para manejar la crisis económica derivada de la pandemia.
En Balears decidió reforzar la planta de los juzgados sociales y mercantiles ante la previsión de un gran incremento de casos y, por sorpresa, anunció estos nuevos órganos. El problema, entonces y ahora, es que no hay dónde ponerlos. El resto de mercantiles y sociales están en sa Gerreria, donde no cabe nadie más ahora mismo.
En primavera, el Ministerio planteó la solución para hacer hueco en los juzgados de Palma: el traslado de los dos registros civiles de Palma a un edificio en la calle Pérez Galdós. Estos órganos está previsto que dejen de tener carácter judicial y se convertirán en oficinas puramente administrativas sin juez al frente. Su desalojo de sa Gerreria abriría un amplio espacio y permitiría esponjar el espacio. Sin embargo, ese traslado y la adecuación del inmueble que el Ministerio pretende alquilar se están retrasando. En las últimas visitas, los representantes del Ministerio han trasladado a los órganos de gobierno de las Islas que, al menos hasta el próximo otoño no estará disponible el espacio y, por lo tanto, no habrá ni juez ni funcionarios ni ningún refuerzo hasta ese momento.