Las constantes consultas al Govern desde el sector de la restauración de Balears hicieron que tres de los consellers afectados por la medida, Iago Negueruela, Mercedes Garrido y Patricia Gómez, tuvieran que abordar el asunto durante el congreso celebrado por los socialistas de Mallorca en el que se eligió a Catalina Cladera como secretaria general y en el que Patricia Gómez fue designada presidenta. Tras las consultas a los servicios jurídicos del Govern, los consellers concluyeron que, efectivamente, la interpretación que daban los empresarios del sector de la restauración era la adecuada.
Es decir, la medida no afecta a bares y cafeterías porque, jurídicamente, no son considerados establecimientos de restauración, que es lo que pone en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. También figura así en el documento que se envió al Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears para solicitar permiso para aplicar estas medidas restrictivas.
En el Govern estaban convencidos de que la medida afectaba también a bares y cafeterías, algo que finalmente no ha sido así porque los términos legales empleados en la redacción de la resolución dejan fuera a estas establecimientos. Aunque den comidas, jurídicamente no tienen la consideración de establecimientos de restauración.