En 2020, se realizaron 2.880 interrupciones del embarazo, la gran mayoría en mujeres de entre 25 y 34 años. El 63,3 % de estas peticiones se hicieron en centros públicos, mientras que el 36,7 % en centros privados, lo que sitúa a las Islas como la comunidad donde más prácticas se realizan en la Sanidad Pública.
Estos son los últimos datos que dio a conocer este jueves la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, junto a la directora del Instituto de las Mujeres, órgano que pertenece al Ministerio de Igualdad, María Antonia Morillas, que mantuvo diferentes reuniones con organismos y asociaciones para recoger las propuestas por parte del Goven y que sirvan para perfilar la reforma de la ley 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva de la mujer.
El Ministerio de Igualdad ya anunció su compromiso para eliminar modificaciones que introdujo el Partido Popular en 2015 como el permiso parental para interrumpir el embarazo en menores de 16 y 17 años. «Somos muy conscientes de que esta ley supuso un avance sustantivo en los derechos sexuales y reproductivos delas mujeres pero hoy seguimos enfrentándonos a múltiples obstáculos cuando decidimos libremente nuestra maternidad», ha señalado María Antonia Morillas.
La directora del Instituto de las Mujeres también ha añadido la necesidad de armonizar el derecho a la objeción de conciencia por el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, garantizar la obligatoriedad sexual en todas las etapas educativas, acceso a la anticoncepción y reforzar la información sobre la salud menstrual y la violencia obstétrica.