Balears celebrará este viernes un homenaje de reconocimiento y homenaje a las «víctimas de la represión franquista» que, dentro de los límites que aún imponen las restricciones por la COVID-19, se pretende multitudinario. Más de un centenar de familias –concretamente 125– recibirá un certificado que atestigua que sus antepasados fueron víctimas de la represión.
Lo organiza el Govern balear, a través de la Vicepresidència –de la que depende la Direcció General de Memòria Democràtica– y a él han sido invitadas medio millar de personas ya que, además de familiares de víctimas, se ha hecho llegar la convocatoria a representantes de todas las instituciones. El acto se celebrará en el Palacio de Congresos de Palma.
Según informa el secretario autonómico de Memòria Democràtica, Jesús Jurado, hay un precedente estatal pero de más pequeño formato y que presidió, en Madrid, Carmen Calvo cuando era ministra de la Presidencia. Entonces se entregaron una docena de certificados de víctimas.
El acto de Baleares se celebra este viernes porque la Llei de Memòria i Reconeixement Democràtics fija el 29 de octubre como día para el recuerdo, el reconocimiento y la reivindicación. La presidenta Armengol y el vicepresidente Juan Pedro Yllanes entregarán los certificados a representantes de las familias. Han confirmado su asistencia familiares de 125 personas asesinadas, desaparecidas o represaliadas. Hay un caso llamativo: que 27 familiares de una misma persona, identificada durante una de las exhumaciones de fosas realizadas en Mallorca, han querido sumarse al evento.
Tres exposiciones
Durante ese día (a partir de las tres de la tarde), el Palacio de Congresos acogerá tres exposiciones con material recopilado tanto por el Govern como por la asociación Memòria de Mallorca, pionera en esta causa antes de que se asumiera desde las instituciones.
Jesús Jurado admitió ayer que los certificados de víctimas –que van firmados por la presidenta y el vicepresidente y resumen brevemente las razones que los acreditan– tienen un carácter meramente simbólico. Aunque, dice, «está en manos de la ley estatal de memoria» que, en el futuro, puedan servir ante revisiones judiciales y reclamaciones. «Nadie ha planteado nunca compensación económica alguna, sólo reparación moral, pero hubo expropiaciones, se anularon títulos, se requisaron propiedades y, del mismo modo que se devolvieron a los sindicatos y partidos, quizá sea posible avanzar por ese camino», dijo.