La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha defendido este miércoles en el Parlament que pueda haber una ley estatal «que pueda proporcionar las herramientas jurídicas para incidir en el precio del alquiler» en un territorio como el balear donde el suelo está «muy restringido».
En el turno de control al Govern en el pleno del Parlament, el portavoz del grupo popular, Antoni Costa, ha preguntado a Armengol su opinión sobre el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para los presupuestos generales del estado para 2022, ligado a la ley de vivienda.
Armengol ha valorado como «muy positivo» de que haya proyecto de Presupuestos General del Estado para 2022, «tan beneficioso» para Baleares.
Costa ha denunciado el «gravísimo problema de vivienda» que sufre Baleares y que ya afecta a rentas medias y bajas, con una subida disparada el precio de la vivienda del 51 %, que ha atribuido al «fracaso estrepitoso de su política de vivienda».
Según Costa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «se ha apuntado a las políticas más radicales de la izquierda» en contra de la opinión de varios de sus ministros, y a una regulación del precio del alquiler «desconocida en España desde los años 60».
Costa considera que obligar a bajar precios y subir impuestos a los pisos vacíos supone «un ataque a la propiedad privada y a la libertad de los ciudadanos», y ha recordado que la presidenta del PP balear, Marga Prohens, ya ha anunciado que no aplicará en Baleares «esta medidas fracasadas y contraproducentes».
Ha anunciado que el PP será «un muro de contención para que no se apliquen estas medidas» y ha defendido las políticas de incentivos en vez del intervencionismo, bajadas de impuestos, mayor seguridad para los propietarios y combatir de la okupación, entre sus propuestas.
Costa ha pedido a Armengol que abandone las políticas «de la izquierda más radical» y que no aplique el cuerdo del PSOE y Podemos.
Armengol ha criticado que el presidente del PP nacional, Pablo Casado, haya dicho que su política en vivienda «sería hacer urbanizable todo lo que se pudiera urbanizar», que considera que daría lugar a «una nueva burbuja inmobiliaria como la que quebró la política de vivienda en todo el estado».
Ha manifestado su sorpresa porque Costa proponga bajar impuestos cuando, como director general de Presupuestos «quitó toda las deducciones fiscales a la vivienda».
Según Armengol, quien ha bajado impuestos a la vivienda y ha puesto deducciones en vivienda ha sido el Govern del pacte por medio del IRPF y el impuesto de transmisiones, y con la aprobación de una ley de vivienda pionera en España y con la construcción de «más vivienda de protección que nunca».
«Es necesaria una normativa de ámbito estatal que pueda proporcionar las herramientas jurídicas para incidir en el precio del alquiler porque estamos en unas islas con suelo muy restringido, un encarecimiento del suelo muy elevado y donde necesitamos poder garantizar lo que dice la Constitución de que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda digna», ha dicho Armengol.
La presidenta ha recalcado que las medidas afectan «a fondos buitre y grandes tenedores de más de diez viviendas» que «especulan con el suelo».
Ha defendido el acuerdo que dará lugar a los presupuestos generales del estado para 2022 porque incluirá el factor de insularidad con 183 millones de euros para Baleares.