Cuando llega al ecuador de su segundo mandato, la presidenta del Govern, Francina Armengol (Inca, 1971), ha visto como las Islas se convertían en noticia nacional e internacional. El motivo no era ser la única comunidad de España que logró entrar en el semáforo verde del Reino Unido, sino el macrobrote originado en Mallorca a raíz de viajes de fin de curso que se ha expandido en varias comunidades.
¿De quién cree que es la responsabilidad de lo ocurrido?
—La responsabilidad es de quien incumple las normas. Hemos llevado a cabo una desescalada muy lenta y rigurosa y teníamos la previsión de mantener algunas restricciones que creíamos oportunas, como mantener las limitaciones de reuniones sociales, ya que es lo que más nos ayuda a controlar los contagios. El Supremo nos lo tumbó y hemos perdido una herramienta importante.
Entonces, ¿hablamos de los estudiantes o hay otros agentes responsables?
—No voy a buscar culpables, ni mucho menos. Es obvio que cuando uno incumple las normas de forma masiva, los contagios se multiplican de manera exponencial. Y los que montan una actividad que no la controlan tienen y tendrán mano dura por parte del Govern, caso del organizador del concierto de la plaza de toros.
¿Nadie cayó en la cuenta de que estos viajes de fin de curso podían ser un factor de riesgo?
—A toro pasado todo es muy fácil. Podían venir, pero no podíamos anticipar que incumplirían las normas. Si miramos el contenido de los viajes, no se presenta ninguna actividad ilegal. Había poco margen de actuación más allá de lo que hemos hecho, como es actuar ante los incumplimientos, aislar a los positivos y a los contactos estrechos.
¿Por qué se autorizó el concierto de la plaza de toros?
—Entre las medidas de reapertura de actividades culturales y de ocio, estaba aprobado cómo se podían llevar a cabo. Sentados, con mascarilla y distancia de seguridad. La plaza de toros tiene una autorización permanente de Cort, pero debía cumplir esta normativa. No fue así y por esto se ha abierto un expediente sancionador de 200.000 euros.
¿Le preocupa la imagen de Balears en el exterior?
—Siempre me preocupa porque somos un destino turístico que queremos que sea sostenible y ahora, más que nunca, seguro. Y siempre hemos estado en contra del turismo de excesos. Ni lo queremos ni es nuestra realidad.
¿Teme que esta reactivación que ha empezado se pueda parar de golpe en el corto plazo?
—Lo ocurrido nos debe hacer ver que vamos por el buen camino pero que el virus sigue ahí, y que hay que seguir siendo muy responsables. La situación hospitalaria es muy buena en Balears y no tememos que se vaya a disparar de forma exagerada porque la subida de la incidencia acumulada se debe sobre todo a gente joven, con sintomatología más leve por lo general. Creemos que la reactivación económica irá a más y en estos momentos somos la locomotora de la recuperación económica de España gracias a todos.
¿Es un destino seguro Baleares?
—Totalmente. Es el más seguro del Mediterráneo. Hemos hecho las cosas muy bien y hay que poner en valor que somos los únicos en verde porque nos ha costado mucho llegar hasta aquí.
Pese a esta buena situación que describe, se ha acusado al Govern de «secuestrador»...
—Algunos han intentado hacer política de partido a través de esta situación y me parece lamentable porque ponemos en riesgo la ciudadanía y los esfuerzos realizados. Hemos aplicado la política sanitaria que marca el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, que determina cómo actuar ante un positivo y los contactos estrechos. Así lo hicimos para protegerlos a ellos, a sus familias y a la ciudadanía.
La Justicia ha dado la razón en parte a los padres que denunciaron el confinamiento de sus hijos en el hotel.
—Respeto mucho la Justicia y no tengo ningún ánimo de polemizar. Hemos acatado la sentencia, pero la recurriremos porque no estamos de acuerdo y porque se permitió la salida. Pero sin ánimo de polémica, porque tengo un respeto absoluto a la Justicia y seguiremos trabajando conjuntamente todos los poderes del Estado para seguir protegiendo a la población.
Jamás un Govern había dicho que un auto judicial ponía «en serio compromiso» toda su política sanitaria.
—No busco culpables en nada, en absoluto. Hemos intentado aplicar nuestra política sanitaria en base a la protección de la población y lo que marca la normativa. Es cierto que no compartimos el auto, como tampoco compartimos que el Supremo nos tumbara seguir controlando el límite de personas en las reuniones sociales. Pero debemos defender lo que creemos.
¿Hubo presiones para que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado obligasen a los alumnos a no salir de su hotel y luego se trasladaran al Palma Bellver?
—No. Siempre ha habido una colaboración fantástica, así como con todas las instituciones y también con la Justicia. Precisamente una de las fortalezas de Balears es que trabajamos de forma conjunta.
¿Comparecerá en el Parlament por este caso?
—Lo he hecho siempre que ha sido necesario. Ahora lo ha pedido la consellera de Salut y primero comparecerá ella.
«No estoy agotada ni mucho menos»
uCuando el jueves la presidenta dijo «más no se puede hacer» se refería a que «agotamos la vía que podíamos políticamente, ya que no podemos desacatar la Justicia». Armengol es consciente de que el momento actual es «muy complejo y difícil», pero ante las peticiones de dimisión y convocatoria de elecciones anticipadas por parte de partidos de la oposición, responde de forma rotunda que «no». «No estoy agotada ni mucho menos, sino con ganas y fuerzas para seguir luchando por la ciudadanía de Balears». También defiende la estrategia de su Govern: «Demostramos que es la adecuada para salvar vidas y reactivar la economía. Desde un planteamiento progresista, la ciudadanía ha tenido mejores resultados», sentencia.