El alquiler turístico en pisos está prohibido de forma expresa en Palma desde hace tres años, aunque está al alcance de cualquiera que lo pueda pagar y opte por esta modalidad de alojamiento vacacional. Para el verano de este año, en concreto los meses de julio y agosto, un 25 % de la oferta en la ciudad ya está reservada, según la página web de Airbnb, principal portal que comercializa estas viviendas.
En caso de querer alquilar un piso para pasar unos días en junio, el estado de las reservas se aproxima al 40 %. Además, desde la web se informa que las búsquedas para arrendar un piso en Palma durante este verano a día de hoy se han incrementado un 250 % respecto a la media de los últimos seis meses.
Estos datos ponen de manifiesto la incipiente reactivación turística para este año. El nivel de las reservas y de las búsquedas aumentan para el conjunto de la oferta vacacional. El levantamiento paulatino de las restricciones y la apertura de las fronteras propician este escenario.
El alquiler turístico en Palma se concentra, sobre todo, en el casco antiguo, aunque también se ofertan pisos en zonas próximas al mar, como el Passeig Marítim, el Portitxol o Can Pastilla. En cuanto a los precios, apenas se publicitan viviendas por menos de 100 euros la noche, por lo que se trata de precios turísticos y en ningún caso corresponden a alquiler de larga estancia.
Sin ofertas
Este año, a diferencia del anterior, apenas hay ofertas para alquilar un piso por días. En 2020, cuando a finales de junio las reservas eran mínimas, la mayoría de pisos se comercializaban por un precio inferior al habitual, y la rebaja alcanzaba en ocasiones el 50 %. Actualmente no es así, aunque la mayoría ofrecen cancelación gratuita. Por ejemplo, un apartamento cerca de la Catedral, de una habitación, cuesta 200 euros la noche en agosto. El coste de seis noches con los servicios de limpieza y la tarifa de servicio asciende a 1.522 euros.
En Palma se ofertan unos 300 inmuebles para alquilar solo por días, algo que la Ley de Turismo de Balears de 2017 considera alquiler turístico y que en Palma, por decisión del Ajuntament, no se puede llevar a cabo en pisos. El equipo de gobierno municipal adoptó esta decisión en 2018, aunque antes no estaba permitido de forma expresa. La ley autonómica obliga a los portales a mostrar el número de licencia turística de la vivienda, que no muestran los citados pisos, pues no la pueden conseguir ya que la normativa lo impide.
El Govern multó a Airbnb por comercializar viviendas sin la correspondiente autorización, pero el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) dio la razón a la plataforma de alojamiento colaborativo. Anuló esta sanción en base a una serie de directivas de la Unión Europea que regulan los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Consideró que Airbnb es un mero medio y que la responsabilidad de incluir la licencia es de los propios anunciantes. El Govern recurrió, sin éxito, ante el Tribunal Supremo.