Baleares abre las puertas a la petición de morir dignamente. A la espera de que la ley de la eutanasia empiece a aplicarse en todo el territorio nacional a partir del 25 de junio, con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las Comunidades Autónomas ultiman estas semanas la creación de su Comisión de Garantía y Evaluación, un equipo de expertos que analizará, verificará y detectará problemas que surjan con esta ley.
La consellera de Salut, Patricia Gómez, junto con el coordinador de Salut Mental, Oriol Lafau, explicaron ayer en rueda de prensa esta norma que «responde a una demanda social y a muchos años de reivindicaciones». Aseguraron que Balears es una de las autonomías «que más ha avanzado» en la aplicación de la ley de la eutanasia. «Se da la opción a aquellas personas que quieran ejercer su derecho a morir, pero no obliga a nadie.
Un derecho, según expresó la consellera, que «evitará el sufrimiento a pacientes y familiares y resolverá inseguridades o incertidumbres» que se puedan originarse.
El Comité estará formado por nueve especialistas de los que cinco serán médicos, una enfermera y cuatro juristas. Esta prestación forma parte del Sistema Nacional de Salud y solo podrá ser solicitada siempre y cuando la persona cumpla con lo establecido.
Requisitos
Se podrá garantizar el derecho a la eutanasia a toda persona mayor de edad, en plena capacidad de decidir, que se encuentre en el supuesto de sufrir una enfermedad grave, crónica o incurable, causándole un dolor físico o psíquico intolerable, y que tenga la nacionalidad española, bien residencial legal o bien certificado de empadronamiento superior a doce meses.
España ha establecido un sistema diferente al resto de países que ya aplican la eutanasia en cuanto a los controles establecidos. La primera petición será valorada por un médico responsable, luego un médico consultor y la última decisión irá a cargo de la Comisión. El tiempo máximo con el que cuenta la Conselleria para verificar la solicitud será de dos meses desde que llega la petición. Por su parte, Oriol Lafau detalló que las comunidades autónomas trabajan codo con codo con el Ministerio de Sanidad para crear un manual de buenas prácticas clínicas que resolverá dudas o cuestiones como la objeción de conciencia.
El paciente podrá decidir administrarse el fármaco en un centro hospitalario o bien en su domicilio particular. La norma también establece que sean los solicitantes quienes se apliquen por sí solos el medicamento o bien que sea con la ayuda de un equipo sanitario.
La Conselleria de Salut todavía no tiene registros sobre los sanitarios que podrían objetar las solicitudes de eutanasia, pero en Catalunya se prevé que un 40 % de profesionales puedan acogerse, según mencionó Oriol Lafau. Sobre los cuidados paliativos, Gómez subrayó que, a pesar de que «es muy importante garantizar el derecho de los cuidados paliativos, no quita que haya momentos en los que uno no quiera seguir viviendo porque el sufrimiento es intolerable. Y esta decisión personal debe ser un derecho garantizado». De acuerdo con los datos de países donde se practica la eutanasia, un 0,006 % de la población ha solicitado esta prestación.
A siete semanas de entrar en funcionamiento, la norma da respuesta a una demanda desde hacía más de veinte años. España se ha convertido así en el sexto país del mundo en regular el derecho a morir.