«Consideré que la operación en su conjunto era beneficiosa para la caja». El que fue director general de Sa Nostra durante 33 años, Pere Batle, defendió ayer su gestión y los créditos que se dieron al empresario Martín Gual que, según la Fiscalía, provocaron un agujero en las cuentas de la caja de 48 millones de euros. Fue el único de los cuatro acusados al que le dio tiempo a declarar en la primera sesión del juicio que ayer se inició en la Audiencia Nacional. Junto a él están en el banquillo su sucesor en el cargo, Pau Dols; el directivo Rafael Oliver y el apoderado de las empresas de Gual, Javier Collado. El acusado culpó a la Sareb (el banco malo) de quedarse con el suelo de Son Bordoy, no construir «no se sabe por qué» y de incluirlo en sus balances a un valor contable ridículo: «Degradaron el valor contable y se lo quedaron».
La Fiscalía centró su interrogatorio a Batle en la supuesta falta de control de las distintas operaciones que se concedieron a Gual en 2008 para la urbanización de Son Bordoy, en Palma, y de otras dos fincas junto a esta, Son Morlà y Son Morlanet. El entonces director general explicó que ambas eran propiedad de dos empresas, el Grupo FBex e Ibercom que estaban en serios problemas financieros y que tenían concertados créditos muy importantes con Sa Nostra. Entonces fue cuando recurrió a Gual: «Lo que más nos interesaba era amarrar esos terrenos por cualificación en la gestión». Señaló que conocía a Gual de tiempo atrás y que era el promotor inmobiliario con el que más había trabajado la caja en años «por su profesionalidad».
Gual creó dos empresas que adquirieron los terrenos y que se subrogaron las hipotecas que pesaban sobre ellos de Sa Nostra. A cambio recibió nueva financiación y la caja le compró su parte en otras dos sociedades participadas a medias entre la entidad de crédito y Gual. «Fue una condición que me puso porque no quería tener que afrontar dos proyectos de este tipo a la vez».
La fiscal insistió a Batle en la existencia de informes de riesgo contrarios a la operación que advertían que Gual iba a tener problemas para pagar. El ex director general replicó que se valoraban además otros aspectos como su posible impacto comercial. Según su relato, Son Bordoy necesitaba aún una serie de trámites antes de que se pudiera urbanizar y la gestión del promotor consiguió que se adjudicaran unos derechos gracias a las reservas de suelo que permitía una ley aprobada por el Govern. Así, aseguró que se multiplicó el valor de los terrenos en los que se podían edificar 700 viviendas. «En septiembre de 2012 estaba en condiciones de empezar a hacer la urbanización y de solicitar las licencias al Ajuntament. ¿Por qué no se hizo? En 2012 no estábamos los acusados al frente de nada. No se por qué, porque era el momento. Había 4.000 familias que estaban haciendo cola».
Activo tóxico
Con la absorción de Sa Nostra por parte de Banca Mare Nostrum, Son Bordoy pasó como un ‘activo tóxico' a la Sareb que fue, según Batle, quien ha dejado aparcados los terrenos. Así, sostiene que su valor en 2012 era de 80 millones de euros y no de los 12 con los que se inscribieron en los libros contables y que motivan la acusación por administración desleal y apropiación indebida por la que se reclaman cuatro años de prisión.
A preguntas de su abogado, Eduardo Valdivia, Batle negó haberse enriquecido con esa operación, ni él ni Martín Gual: «Se empobreció, desde luego no se ha enriquecido. El resultado final fue que pagó tres millones y pico más. Lamento mucho todo lo que tuvo que vivir. Él consiguió lo que le habíamos encargado: la calificación de los terrenos».