La defensa de los dos exdirectores generales de Sa Nostra, Pau Dols y Pere Batle, han planteado al inicio del juicio en la Audiencia Nacional una serie de cuestiones previas para detener el proceso. Su abogado, Eduardo Valdivia, ha defendido que la caja desapareció en enero de 2011 tras su integración en Banca Mare Nostrum y que la investigación judicial no se inició hasta diciembre de 2016, por lo que el delito de administración desleal habría caducado.
El abogado también reclama una nulidad parcial del auto de apertura de juicio oral porque, estima que las acusaciones no describen bien un delito de apropiación indebida: «Han conseguido su objetivo: la pena de banquillo, pero está mal planteada la acusación».
El juicio ha arrancado este miércoles por la mañana en la Audiencia Nacional. La Fiscalía reclama penas de cuatro años de prisión para los dos exdirectores generales y el ejecutivo al frente de Invernostra, Rafael Oliver. Les acusa de otorgar una serie de créditos, por valor de 48 millones de euros al empresario fallecido Martín Gual sin valorar el riesgo de tres operaciones inmobiliarias en Palma, la más importante, la urbanización de Son Bordoy. Según sostiene el ministerio público lo que se intentaba era ocultar el deterioro patrimonial que sufría la caja por su exposición al ladrillo y retirar de sus balances una serie de créditos fallidos que quedaban englobados por las sociedades de Gual.
Las fiscales Myriam Segura y Belén Dorremochea se opusieron a las cuestiones previas: «Sí han tenido posibilidad de defensa y hay indicios suficientes de delito. Fue más allá de una mera gestión bancaria y los hechos son suficientemente graves como para ir más allá de un incumplimiento, una mala gestión o una operación arriesgada». Rechaza que existía prescripción porque el delito de apropiación indebida queda fuera de los plazos.