Las víctimas de una estafa inmobiliaria en Mallorca verán el juicio a los acusados de venderles pisos ilegales más de quince años después. La Audiencia ha fijado para el mes de noviembre la vista oral contra los responsables de una empresa que comercializó como viviendas 28 apartamentos turísticos en el año 2005. La Fiscalía reclama para cada uno de los tres principales acusados penas de siete años de cárcel y para otros tres, que actuaron como testaferros, cinco años.
El enorme retraso que acumuló la causa durante la instrucción en un juzgado de Inca provoca que se juzgue un delito típico del boom inmobiliario de principios de siglo ahora. Los tres principales acusados administraban una empresa, Espigol Bach S. A. que se dedicaba a explotar unos apartamentos turísticos en Can Picafort. El edifico no podía convertirse en uso residencial, según la normativa que estaba en ese momento en vigor, pero los acusados, según la Fiscalía, tampoco lo intentaron.
Según las acusaciones, hicieron obras para convertir los alojamientos en viviendas, hicieron una división horizontal de la finca y pudieron inscribirla en el registro de la propiedad. A partir de ahí, comercializaron los pisos, con una promoción agresiva: precios reducidos, facilidades en la financiación o descuentos.
De esta manera lograron vender las viviendas. Al menos siete de ellas, por las que constan una serie de perjudicados que pagaron cantidades que, en algunos casos superan los 170.000 euros. Ahora se encuentran con viviendas que no tienen cédulas de habitabilidad, lo que implica una serie de limitaciones: no pueden venderlas ni alquilarlas, ni contratar un contador individual para cualquier suministro.
Los acusados y las víctimas comparecieron este martes en la Audiencia Provincial para una vista previa al juicio. Ante la falta de acuerdo, las sesiones han quedado señaladas para el próximo mes de noviembre.
Las víctimas llevaron al instructor al CGPJ
Las víctimas llevan años esperando a que se pueda celebrar el juicio por la venta de viviendas sin licencia. La instrucción se abrió en un juzgado de Inca en 2008 y desde entonces acumuló retrasos que llevaron incluso a que los afectados elevaran una queja ante el Poder Judicial.