Paula Rotger, la trabajadora del aeropuerto que denunció que fue discriminada por la Guardia Civil en un control de seguridad del Son Sant Joan después de dirigirse a un agente en lengua catalana, ha formalizado una denuncia contra el Estado español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Según Rotger –a la que asiste el letrado Jaume Alonso-Cuevillas, el mismo que ha defendido a algunos políticos independentistas catalanes–, se habrían vulnerado cuatro artículos del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Estos artículos se refieren a los derechos a un proceso judicial equitativo, a la libertad de pensamiento (en la medida que la lengua por la que se produce la discriminación es la expresión de una minoría del Estado), a un recurso efectivo (no se investigó su denuncia) y la prohibición de discriminación. Como es preceptivo, Rotger ha recurrido ante el TEDH después de que las distintas instancias judiciales españolas hayan desestimado una tras otra su demanda.
El incidente
Los hechos objeto de litigio tuvieron lugar el 25 de junio de 2019. Aquel día, según el relato de la afectada, un guardia civil le dijo a Rotger que «a la autoridad se le habla en español, o no se entra [en una zona restringida del aeropuerto]» después de que la denunciante le hubiera dado las gracias tras superar un control de seguridad. Entonces Rotger le respondió que ella tenía el derecho a hablar el idioma que quisiera, a lo que el agente le repitió que «en español o no entra» y, a continuación, la retuvo durante un tiempo pese a haber pasado correctamente bajo el arco.
Paula Rotger formalizó el mismo día una denuncia ante el juzgado de instrucción de guardia. Una semana después, el juez decretó al mismo tiempo la incoación del procedimiento judicial y su sobreseimiento libre y archivo al estimar que los hechos no eran constitutivos de infracción penal «sin proceder siquiera a realizar las más mínimas y elementales diligencias de investigación, que hubiesen permitido acreditar la realidad de los graves hechos sucedidos», según la denuncia. Entre otras diligencias, Rotger proponía que se visionaran las grabaciones de videovigilancia de AENA, que recogieron el incidente.
Rotger recurrió el archivo en primera instancia, pero su petición se desestimó. Luego apeló ante la Audiencia Provincial, pero con la misma suerte. También registró un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, pero fue inadmitido a trámite.