El grupo de abogados, empresarios y funcionarios que ha desarticulado la Policía Nacional en Palma se dedicaba presuntamente a regularizar documentación de inmigrantes y también a estafar a empresas dedicadas a la concesión de créditos rápidos.
Según ha podido saber esta redacción, los inmigrantes eran normalmente contratados en alguno de los negocios vinculados a un empresario que desde hace varios días ya se encuentra en prisión.
Posteriormente entraban en juego los dos abogados que han sido detenidos este jueves y, presumiblemente, varios funcionarios, que eran los encargados de facilitar la regularización de estos trabajadores. Por este tipo de gestiones, los inmigrantes debían pagar entre 5.000 y 8.000 euros.
Además, esta trama de inmigración irregular también se dedicaba a cometer estafas a empresas crediticias. En este caso, se solicitaban préstamos personales a nombre de personas que no tenían conocimiento alguno de ello.
En este sentido, se llegaron a formalizar préstamos de hasta 40.000 euros. La investigación continúa bajo secreto de sumario y está previsto que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.