La Conselleria de SaluT derivó el año pasado a centros sanitarios privados a 115 enfermos de COVID-19 en los momentos de mayor presión de la pandemia, lo que supuso un coste para las arcas públicas de 662.727 euros.
Según ha informado el Ib-Salut, entre abril y junio, en la primera ola de la pandemia, fueron derivados a la sanidad privada 59 infectados de coronavirus, de los que 7 estuvieron ingresados en unidades de cuidados intensivos y 52 eran residentes de geriátricos atendidos en áreas de cuidados intermedios.
Las siguientes derivaciones de pacientes con COVID del año pasado se concentraron entre octubre y diciembre y fueron 56 enfermos ingresados en planta procedentes en todos los casos de centros residenciales.
Los 115 pacientes enviados en 2020 por el Ib-Salut a clínicas privadas por la saturación de los servicios públicos representaron un coste para la sanidad pública de 662.727 euros, lo que supone una media de 5.762 euros por persona.
Según ha informado la Conselleria de Salud, el coste diario pactado con las empresas sanitarias privadas por cada enfermo con covid-19 derivado es de 600,33 euros por ingreso en planta de hospitalización y de entre 1.287,50 y 2.087 euros para los atendidos en cuidados intensivos.
El precio acordado en el caso de las unidades de críticos varía en función de la duración total de la estancia.
Salud firmó recientemente un protocolo de actuación conjunta con el Grupo Juaneda, el Grupo Quironsalud, el Hospital de Llevant y la Policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza.
Este acuerdo, con vigencia hasta el 31 de marzo próximo, unifica los mecanismos de coordinación entre el sistema público y el privado para ofrecer asistencia sanitaria conjunta a enfermos de COVID-19 cuando sea preciso aliviar la presión en los hospitales del Ib-Salut.
La novedad del protocolo es que organiza el intercambio diario de información sobre la ocupación de las unidades de hospitalización y de críticos de los centros privados para facilitar las derivaciones cuando sea necesario reducir la presión en hospitales públicos.
Asimismo, se establecen los mecanismos para el intercambio de los historiales clínicos de los pacientes con las garantías preceptivas de seguridad y confidencialidad.