La denegación de miles de peticiones de ayudas sociales a ciudadanos de las Islas por parte del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social amenaza con colapsar el sistema de apoyo social de Baleares. La razón está en que los solicitantes que piden el ingreso mínimo vital a Madrid no forman parte de las bolsas de pobreza crónica, sino que son pobres sobrevenidos. Son ciudadanos que en 2019 tenían ingresos con cierta regularidad, pero a los que la pandemia del coronavirus ha dejado al borde de la indigencia en 2020.
Sin embargo, el hecho de que en 2019 tuvieran ingresos les impide acceder a la ayuda que paga el Ministerio de José Luis Escrivá y la consecuencia es que muchos de estos expediente acaban derivados al Govern balear.
Los datos que ofreció la consellera d'Afers Socials así lo acreditan. Durante 2019, el departamento que dirige Fina Santiago recibía una media mensual de 152 solicitudes. En octubre de 2019 hubo 170 peticiones pero en noviembre y diciembre el número se disparó a 521 y 801 respectivamente. En todas ellas se hacía constar que la petición se debía a que el Ministerio había rechazado la petición previa.
Colapsados
La Conselleria d'Afers Socials se prepara para un auténtico alud de nuevas peticiones en enero, febrero y marzo, que podría extenderse hasta junio, mes en el que podría comenzar a activarse el turismo. Ante el temor a un colapso en la tramitación de estas peticiones, el Consell de Govern aprobó este lunes un decreto ley para agilizar la tramitación de las ayudas.
La consellera Fina Santiago explicó que, a partir de hoy mismo, bastará con la petición del solicitante y una declaración responsable para recibir la ayuda. Primero se pagará y después se revisará el expediente para comprobar que toda la documentación está en regla. «Si tuviéramos que hacerlo como hasta ahora, deberíamos cuadriplicar el personal para poder tramitar todas las ayudas», afirmó Santiago.
La consellera explicó que, con esta modificación, el Govern demuestra que sabe adaptarse a una realidad «cambiante» para poder beneficiar a las personas más vulnerables.
Las cifras del Ministerio
Los últimos datos ofrecidos por el Ministerio referidos al ingreso mínimo vital son del pasado mes de octubre. Hasta esa fecha se habían presentado un total de 26.300 expedientes de ayudas, de las que 1.900 estaban duplicadas. De los 24.400 expedientes restante, solo se habían autorizado 1.270 ayudas mientras que el resto seguía en tramitación. En esas fechas ya se habían rechazado más de 5.700 peticiones, que son las que ahora empiezan a llegar al Govern. La consellera se mostró ayer favorable a la firma de un convenio con el Ministerio para gestionar las ayudas siempre que quede claro que quien paga es Madrid.
La ecotasa queda hibernada este año
El decreto ley aprobado ayer por el Consell de Govern prevé la supresión del ingreso a cuenta de la ecotasa que debía hacerse en septiembre en base a la estimación de todo el año. No hay turistas y, en consecuencia, no pagan ecotasa por lo que el Govern no cobrará a los hoteleros un impuesto que ellos no cobran a los turistas. Les da, además, facilidades para que cambien el sistema de cálculo del impuesto su así lo desean.
LAS CLAVES
Rebaja del 95 % en el impuesto de actos jurídicos
El decreto ley que ayer aprobó el Consell de Govern prevé la reducción en un 95 por ciento del impuesto de actos jurídicos documentados para facilitar a las empresas la devolución de los créditos ICO e ISBA. Los préstamos ICO han movilizado 4.700 millones de euros y los de ISBA, 180 millones.
Guardias para todo el personal sanitario de las Islas
La norma aprobada ayer prevé, con carácter excepcional, que todo el personal del Servei de Salut, con independencia de su categoría profesional, pueda realizar guardias propias de su titulación académica, al margen de su especialidad, para garantizar la atención permanente ahora que hay tanto sanitario de baja.
Agilización del pago de ayudas a los que cierran
El decreto ley incorpora medidas para agilizar el pago de las ayudas a los sectores afectados por las medidas sanitarias y ya no será necesaria la justificación de gastos inferiores a los 6.000 euros, y no tan solo las inferiores a 3.000 euros, como se aprobó en un decreto similar de mayo del año pasado.