Desde finales del verano del año 2019, una quincena de personas pertenecientes a Stop Desnonaments, cercanas a este colectivo o que han participado en las movilizaciones para evitar algún lanzamiento han sido multados. El importe de las sanciones asciende a 9.512 euros, informa la activista Alma Vives.
Las multas se deben al supuesto incumplimiento de dos artículos de la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ‘ley Moradaza’: el que penaliza la obstaculización de la ejecución de una resolución judicial y el que limita el derecho de protesta y las concentraciones de personas. En relación al último supuesto, Vives indica que se ha multado a dos activistas que «no eran los promotores» de las protestas. Además, según Vives dichas concentraciones no llegaban a la veintena de personas, de manera que la imposición de la sanción no tendría que haberse producido.
Todas recurridas
Los activistas han recurrido todas las multas y no se han abonado excepto alguna que fue impuesta a personas mayores. No obstante, estas personas han impugnado el procedimiento y han reclamado la devolución del ingreso: no están de acuerdo.
Hay que hacer una mención a las sanciones impuestas en el desahucio de Oscar Kacper, el joven con una discapacidad de movilidad cuya familia fue desahuciada de su piso en Son Espanyolet, y en otro polémico lanzamiento en la barriada de Verge de Lluc. El procedimiento administrativo de estas sanciones está parado a la espera de que los magistrados resuelvan las demandas judiciales interpuestas por los activistas a raíz de las cargas policiales que se produjeron.
La Justicia archivó inicialmente la demanda de los antidesahucios por las cargas de Verge de Lluc, pero estos la recurrieron y se está a la espera de una resolución. En cuanto a las cargas por el lanzamiento de Oscar Kacper y familia –posiblemente, el más mediático ya que en él se detuvo a Joan Segura, uno de los portavoces y el rostro más conocido de Stop Desnonaments–, Vives detalló que el juez también la archivó inicialmente a raíz de un error o una incongruencia en la identificación del jefe del operativo policial, pero que se ha recurrido y que la Fiscalía ha estimado parcialmente el recurso y ahora está de su lado.
«Doble vara de medir»
Hay que tener en cuenta que a lo largo de ese año y medio el PSOE ha estado al frente del Gobierno del Estado y, desde enero, junto a Unidas Podemos. Sin embargo, según Vives «se ha utilizado una doble vara de medir», porque en las protestas a cargo de entidades o colectivos de derechas «no ha habido identificaciones, como sucedió en Petra en la concentración de los promonárquicos, y en cambio sí se han realizado cuando se trataba de protestas o manifestaciones a cargo de colectivos prorepublicanos o de antidesahucios».