Con sus índices de popularidad más bajos, Francina Armengol reaccionó a la crispación social que había generado su último paquete de medidas de la única manera que podia hacerlo: sacando la chequera.
El anunció de un plan de choque de más de 100 millones de euros para los sectores más afectados por las restricciones ha sido todo un golpe de efecto de la presidenta del Govern, que parecía llevar demasiado tiempo alejada de la realidad social.
Su regreso a la calle es una buena noticia para todos. También para ella, que necesitaba recuperar liderazgo y credibilidad durante esta tercera ola de la pandemia. La respuesta de Armengol, aunque esperada, debe valorarse en su justa medida.
Es probable que las ayudas, como han subrayado las propias patronales de restauración tras el anuncio del Govern, sean insuficientes, pero también es innegable que se han adoptado medidas que encajan dentro de la lógica, como las suspensiones fiscales durante el primer trimestre del año. No se pagarán, por ejemplo, tasas como las de basuras y de la ocupación de la vía pública.
El Govern puede (y debe) dictar normas que permitan combatir al virus, pero no puede dejar a la intemperie a los afectados. Debía poner euros sobre la mesa y lo ha hecho. La gente salió a protestar. Tenían razón. Y se les ha escuchado. Es lo que se debe esperar de un gobierno progresista.