La Fiscalía reclama una condena de tres años y tres meses de cárcel contra tres auxiliares administrativas de Son Espases acusadas de acceder al historial clínico de una de sus compañeras. El delito de revelación de secretos por el que serán juzgadas ha provocado ya varias condenas fuertes contra médicos y personal sanitario. Cuando los datos a los que se accede tienen que ver con la salud, el Código Penal impone ya una condena mínima de dos años y medio de prisión: que es siempre de obligado cumplimiento.
En este caso, la víctima era una compañera de trabajo, también auxiliar administrativa que acababa de ser asignada a ese servicio por un problema de salud. Desde que llegó, según la Fiscalía, las ahora acusadas comenzaron a interrogarla sobre esa enfermedad que ella no quería que fuera conocida. Sin embargo, de acuerdo con la víctima, un día le hicieron un comentario en el que le preguntaban por ese problema de salud en concreto. Ella accedió a su propio historial en el sistema informático del IB-Salut y descubrió una entrada por parte de sus compañeras y lo denunció a los servicios jurídicos del hospital.
Accesos
En concreto se acusa a cada una de las acusadas de haber empleado su perfil para acceder al menos una vez en días distintos al historial de la víctima. Todas entraban en la información de citas médicas de su compañera y no consta que llevaran a cabo cambios en la agenda o en las citas. Esos accesos tuvieron lugar, espaciados por meses, desde finales del año 2017 a la primavera de 2018.
La Fiscalía reclama además una indemnización para la víctima y señala, en sus conclusiones provisionales, que tuvo que retomar un tratamiento psiquiátrico por una reactivación de síntomas ansioso-depresivos. La petición del ministerio público no llega al máximo posible legalmente, que es de cuatro años de cárcel. Esa sí es la condena que solicita la acusación particular en representación de la víctima. La acusación también plantea la existencia de una responsabilidad civil por parte del IB-Salut por los delitos que habrían cometido sus empleadas. Una de las acusadas era además la superior de la víctima.
El delito de revelación de secretos acarrea una pena de obligado cumplimiento para médicos y sanitarios si entran en los datos de historiales clínicos sin consentimiento. Ese fue el caso de un médico indultado hace tres meses por el Gobierno, que, de lo contrario, habría tenido que cumplir una condena de dos años y medio de prisión. En este caso entró en los historiales de sus compañeros de un centro de salud de Platja de Palma. Su condena se rebajó a un año y tres meses, lo que permitía que fuera suspendida, ya que el condenado no tenía antecedentes.