El Tribunal Supremo de Justicia de Baleares (TSJIB) ha paralizado este viernes el desahucio en Palma de Julio Díaz Canellada, un hombre de 83 años de edad y que padece un cáncer. El alzamiento, que estaba previsto para este viernes, había levantado un gran revuelo y la movilización de diversas plataformas antidesahucio.
La defensa del afectado ha interpuesto una querella criminal contra el juez del caso, «por mentir por escrito y narrar hechos falsos», según ha asegurado la Plataforma de Afectados por las Hipotecas.
La agrupación, que exigió el pasado jueves que se parase «inmediatamente» y por «humanidad» este desahucio, ha celebrado la decisión cautelar adoptada por la Justicia y ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, que esto ha sido posible gracias a «la presión» que ha ejercido el abogado de la defensa, Diego Costa, y representantes del Ayuntamiento de Palma ante el TSJIB.
Una quincena de activistas arroparon durante a Julio Díaz, de nacionalidad estadounidense, veterano de Vietnam y que vive con su ahijada y el marido de ésta. Hace unos años pidió un préstamo para ayudar a un amigo que iba a montar un bar. Puso como garantía su piso, en el Rafal. «Le engañaron, no sabíamos lo que estábamos firmando», señala Sebastián Sánchez, el marido de Sandra Oliva.
Ambos viven con Julio desde hace cuatro años cuando tuvo que ser sometido a una operación por un cáncer. Desde entonces requiere cuidados constantes y apenas puede levantarse, «casi no se puede mover».
Este viernes, y antes de que se conociera esta decisión, el alcalde de Palma, José Hila, explicaba en una rueda de prensa que, tras hablar personalmente con el juez encargado de este caso, «parece que esta persona tiene recursos», a lo que la Plataforma ha respondido que esto se refiere a los 92.000 euros del sobrante de la subasta de la casa, pero que «la idea es que no le quiten la casa», así que no dispone realmente de esa cantidad.