La resolución de la Conselleria de Salut que abre la puerta a adoptar restricciones a la movilidad en determinadas zonas –algo que el Govern empezó a analizar este lunes– y que faculta a entregar a la policía listados de personas confinadas, «se encuentra amparada en normas de rango de ley y basadas en criterios de proporcionalidad», según concluye un auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Palma que ratifica la norma publicada en el BOIB del pasado sábado.
Según el parecer de la jueza que lo firma, la magistrada Cristina Velasco Jiménez, «aunque hayan podido plantearse dudas acerca de la naturaleza jurídica de medidas del estilo de las sometidas a ratificación, lo cierto es que se trata de medidas extraordinarias que persiguen una finalidad constitucionalmente legítima».
Eso sí, la jueza no zanja otro tipo de recursos y actuaciones ante los propios tribunales. Su auto precisa que la ratificación no impide que «los actos de aplicación individual que puedan dictarse estén sujetos a sus propios mecanismos de control jurisdiccional con arreglo a la legislación vigente».
Este lunes, antes de que se difundiera el auto, la consellera de Presidència y portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, señaló que «hasta el momento todos los acuerdos y resoluciones han sido ratificados», a la vez que mostró el «máximo respeto» a cualquier decisión derivada de «esta situación extraordinaria que estamos viviendo» a raíz de la pandemia por el coronavirus.
Las nuevas restricciones
Costa se expresó así después de la reunión del Consell de Govern en la que, de acuerdo a lo recogido por la resolución ratificada por el juzgado de lo Contencioso, se facultaba a la Conselleria de Salut a adoptar medidas extraordinarias de carácter restrictivo y que podrán ser: limitar las circulación por espacios públicos, reducir el número de personas que pueden reunirse (ahora son 10), suspender o limitar las capacidad, horarios e, incluso actividad de establecimientos comerciales y de restauración; limitar reuniones religiosas, suspender ferias o fiestas populares, reducir el límite de visitas a residencias y centros sociales, y cancelar cualquier evento de carácter multitudinario.
La Conselleria de Salut será la que analice, a partir de este martes, qué zonas pueden verse afectadas. Es previsible, pero todavía no se ha tomado una decisión en firme, que barrios como Son Gotleu puedan estrenar estas limitaciones. Y también municipios como Binissalem o Llucmajor. Cualquier medida tendría una duración inicial de 15 días que luego se iría prorrogando.
La consellera Costa se negó a utilizar la expresión «toque de queda» para referirse a la prohibición de salir a la calle durante algunas horas –hace unos días se dio por seguro que en las zonas afectadas se impediría la circulación por la noche– escudándose en que el texto legal no utilizaba esta expresión. También puso empeño en señalar que facilitar un listado de confinamientos no es revelación de datos médicos.
El Govern amplió en 50 millones el presupuesto del Servei de Salut para sufragar gastos como la compra de mascarillas, materiales y equipos así como contratación de personal. Según el Ejecutivo, el personal sanitario ha aumentado en 900 personas.