El Govern tenía sobre la mesa tres escenarios para el inicio del curso escolar: A, B y C. El A era de «presencialidad», el B, de «semipresencialidad» y el C (el menos probable) un escenario de «confinamiento». Durante el verano, trabajó con el escenario A. Pero se ha tenido que aplicar el B. Lo dijo el conseller d'Educació, Martí March, en el Parlament, donde compareció ayer ara explicar el inicio de curso.
Y apuntó datos, algunos ya conocidos: que la mascarilla será obligatoria en las clases a partir de los seis años; que habrá 560 profesores más que en el curso anterior; que al personal docente se les realizará una prueba de seroprevalencia y que, según el resultado, se realizarán PCR a los casos de riesgo. Que el máximo en Primaria será de 20 alumnos por aula; que la ratio será de 15 en Secundaria y FP; que para cerrar o un aula o un centro en que se detecten rebrotes será decisiva la Conselleria de Salut; que habrá un teléfono que resolverá cualquier duda sobre el coronavirus y la escuela; que se reforzarán las medidas de limpieza y se aumentarán las ayudas comedor.
El conseller, ante el pleno del Parlament, afirmó que aunque ese no era el escenario que habían previsto para este curso, todo está listo. Negó improvisación; admitió que haría falta más dinero –pero recordó que le tocan 50 millones del ‘fondo COVID'– y no negó diferencias con los sindicatos. «No negaré que tenemos algunos problemas y diferencias de criterio», comentó para añadir que «todos hemos de ser conscientes de lo que nos jugamos con la vuelta a las aulas». E hizo un llamamiento a «las familias», que –dijo– «han de ser responsables». Las familias tendrán que firmar una declaración responsable comprometiéndose a no llevar a sus hijos a clase si tienen síntomas. Calificó de «triste» el final de curso anterior pero añadió que «la entrada en las aulas no se puede retrasar más». Ayer fue el turno del personal docente. El 10, el del alumnado.
Exigencia de Més
A la oposición –después del turno de Martí March, fue el de los grupos– todo lo que dijo el conseller le supo a poco. Le reprochó, incluso, la fórmula que había elegido (comparecencia a petición propia y no de la oposición) y le acusó de «plantear propuestas populistas» que le recordaron al plan piloto para el turismo alemán que debía concluir (y de eso nunca más se supo, precisó) con un «corredor seguro entre España y Alemania». Y no se quedó ahí: «Es que ha llegado tarde, ha actuado como los malos estudiantes: no ha hecho los deberes y ha copiado propuestas de otras comunidades autónomas».
Patricia Guasp, de Ciudadanos (Cs), también acusó al conseller de falta de previsión y de haber llegado tarde a la planificación del curso. Le pidió aclaraciones sobre «que tipo de mascarilla» habrá que llevar y sobre si se estaban tomando medidas para solventar «la brecha digital». March dijo que aunque trabajaron con el escenario A, «ahora se está ajustando todo».
Según el portavoz de Vox, Jorge Campos –único que intervino sin la mascarilla– «el Ejecutivo balear es incapaz de tomar decisiones» y «su único interés en la educación es utilizarla como arma política». El portavoz del partido de la derecha extrema aprovechó su intervención para referirse al Govern como «social comunista y separatista» y reprocharle que dedicará «millones de euros a imponer el catalán, el feminismo y la mal llamada memoria histórica». Martí March ignoró todo esta retahíla en su réplica. Lina Pons (PI), ofreció colaboración pero se quejó de «las prisas para empezar el curso en el escenario B después de estar todo el verano encabezonados con el A».
El portavoz de Més per Mallorca, Joan Mas, abogó por un «mensaje de unidad» pero no dejó de lado que el Estado tiene que aportar más dinero. «Se lo exigimos», enfatizó.
Desde Podemos, Gloria Santiago, recordó los «recortes» de la época del PP. Y culpo «al sistema». «Pero si el sistema es ahora usted», dijo Riera (PP). El presidente del Parlament llamó una vez al orden.