La Asociación Balear de Ocio Nocturno y Entretenimiento (Abone) y la Asociación de Comerciantes y Empresas de Servicios Turísticos de Mallorca (Acotur) entregaron este martes a los representantes de los grupos parlamentarios del PP, CS y Vox una copia de la demanda presentada contra el Govern balear por cierre arbitrario de calles en Magaluf y Platja de Palma. Ambas patronales indicaron a los representantes de los partidos que los cierres de calles y locales «se ha provocado prescindiendo el Govern del régimen sancionador vigente y, por tanto, de las garantías que dicho régimen contempla para los administrados».
El presidente de Abone, Jesús Sánchez, acusó al conseller de Treball i Turisme, Iago Negueruela, de actuar «de espaldas al sector y tomar decisiones sin reuniones previas, con el agravante de que se han cerrado locales sin tramitar previamente ningún expediente sancionador».
Sánchez afirmó que el Govern que preside Francina Armengol «quiere impulsar el cambio de modelo turístico con la excusa de la crisis provocada por la COVID-19, perjudicando a los empresarios de forma deliberada».
José Tirado (Acotur) y Jesús Sánchez (Abone), tras entregar en el Parlament el recurso contra el Govern. Foto: M.A.Cañellas
La demanda, según Abone y Acotur, se ha presentado porque el Ejecutivo autonómico «ha optado por abandonar todo el recorrido sancionador y adoptar una decisión con criterios un tanto sui generis, ya que en las calles cerradas no se hecho ningún control epidemiológico previo y se ha optado por cancelar toda actividad empresarial».
José Tirado, presidente de Acotur, puntualizó que «las resoluciones adoptadas son gravosas, porque han provocado el cierre de empresas en plena temporada turística y dejan a las pymes en una delicada situación de viabilidad porque han estado cerradas cerca de un año».
Criterios
En la demanda se especifica que el cierre de las calles en Magaluf y Platja de Palma se ha producido sin que hubiera previamente una emergencia sanitaria. «Nada justifica una mayor restricción de derechos en estas zonas porque no presentan datos epidemiológicos peores que otras zonas de concentración turística, comercial o de ocio en las Islas».
Tanto Sánchez como Tirado coinciden en señalar que el Govern «ha tomado una resolución sin esgrimir ninguna razón sanitaria, pero sí las de índole turístico y de imagen ante los mercados emisores».
Abone y Acotur, a la espera de que se resuelva el contencioso administrativo contra el Govern, reclamarán en una segunda fase los daños y perjuicios ocasionados a las empresas cerradas.
«Los daños son multimillonarios y tendrán que ser asumidos porque el futuro de las empresas y de los más de 500 trabajadores afectados por los cierres, visto cómo se ha actuado, está en serio peligro. Parece como si al Govern esto no le importara», afirman las patronales.
Rechazada la medida cautelar para poder reabrir
El juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Palma ha rechazado por un defecto de forma la medida cautelar presentada por cuatro locales de la calle Miquel Pellisa (calle de la Cerveza) que pedían la paralización inmediata del cierre de todos los locales.
La patronal Abone calificó de «mala noticia» esta decisión judicial, pero confía en que el recurso planteado por las patronales llegue hasta el final.